Actuar en pro de la protección de la naturaleza. Es uno de los cometidos de Tragsa, empresa pública dedicada desde hace 30 años a la implementación de proyectos para lograr el desarrollo sostenible del mundo rural y marino a través de la Administración. María Luisa Graña, que asume la presidencia de este organismo desde 2009, clausurará mañana, en el Auditorio Municipal de Ourense, el Foro La Región, que analizará las claves de futuro del rural en la provincia.
El abandono del campo y el éxodo a la ciudad son una constante aún a día de hoy. ¿Está el rural ourensano condenado a la desaparición?
Afortunadamente Ourense aún conserva un medio rural activo, gracias a la voluntad que agricultores y ganaderos profesan a su actividad, pero la tendencia es preocupante. Es hora de enfatizar algunas políticas, de hacerlas realidad, y de revertir otras para garantizar no ya la supervivencia del sector, sino su conversión en un motor económico y social en la región.
Las dificultades económicas, dada la actual situación de crisis, afectan sobremanera al sector agrario. ¿Es posible conjugar innovación y sostenibilidad con austeridad?
El principal reto es concretar adecuadamente esa política de austeridad, diferenciar entre lo sustancial y lo accesorio, entre lo que significa futuro y lo que sólo nos puede conducir a repetir el pasado; y es ahí donde las políticas dirigidas a alcanzar una mayor sostenibilidad, también en el rural, tienen que cobrar relevancia. Al igual que no tiene ningún sentido reducir las partidas destinadas a la educación, pues de ella dependerá que las próximas generaciones estén mejor formadas, posibilitando un mayor progreso, tampoco cabe retirar ni una pizca de interés por la política para el desarrollo sostenible del rural, pues en él se encuentra buena parte del futuro, de un futuro que nos incluye a todos.
¿Cómo se deberían articular las inversiones en materia de sostenibilidad para que dinamicen el rural?
De tal manera que se garantice que el beneficio de la inversión signifique directamente el beneficio para el entorno y para los que lo habitan, es decir, dando respuesta a las verdaderas necesidades que un vecino, que una explotación o que un ecosistema tienen para pervivir hoy en las mejores condiciones.
¿Es el desarrollo del rural ourensano más sostenible ahora que antaño?
El paso del tiempo ha significado la paulatina transformación del sector, una mayor industrialización que ha alejado buena parte de los crecientes beneficios de aquellos que más lo merecían, y que ha traído consigo un significativo impacto sobre el medio. Afortunadamente, se han hecho importantes esfuerzos por revertir la situación, en base a la inyección de notables inversiones directas, a la transformación de algunas condiciones laborales y al redireccionamiento de hábitos perniciosos con el entorno, pero aún hoy queda mucho camino por recorrer, y todo apunta a que no será fácilmente transitable.
Cabe destacar que los trabajos ligados a la protección de la biodiversidad no terminan en las fases de identificación, sino que es preciso potenciar las medidas dirigidas a la conservación. Éstas son las mejores herramientas para consolidar las condiciones más adecuadas en el entorno, y es quizá aquí donde resulta preciso un mayor esfuerzo de la Administración local.
Las Administraciones tienen la doble responsabilidad de ser eficientes y de ser ejemplo en materia de eficiencia para los ciudadanos. El Estado ya ha emprendido un ambicioso compromiso en este sentido, al igual que algunas comunidades y municipios, pero es éste también un espacio en el que muchos aspectos pueden ser mejorados, desde los clásicos, luz o agua; hasta otros más novedosos ligados a la movilidad.
Haciéndole entender que la sostenibilidad significa salud, empleo y bienestar. En definitiva, que es el futuro, y que no habrá futuro sin sostenibilidad. Si ni con esas, se lo tendría que explicar en términos electorales (risas).
En este sentido, la nueva PAC tendrá un peso fundamental. Sus futuros cimientos pasarán inexcusablemente por el desarrollo rural, por lo que éste ha de ser el principio fundamental en el que se inspiren las nuevas políticas que involucrarán al sector público y privado, además de a los ciudadanos.
Afortunadamente Ourense aún conserva un medio rural activo, gracias a la voluntad que agricultores y ganaderos profesan a su actividad, pero la tendencia es preocupante. Es hora de enfatizar algunas políticas, de hacerlas realidad, y de revertir otras para garantizar no ya la supervivencia del sector, sino su conversión en un motor económico y social en la región.
Las dificultades económicas, dada la actual situación de crisis, afectan sobremanera al sector agrario. ¿Es posible conjugar innovación y sostenibilidad con austeridad?
El principal reto es concretar adecuadamente esa política de austeridad, diferenciar entre lo sustancial y lo accesorio, entre lo que significa futuro y lo que sólo nos puede conducir a repetir el pasado; y es ahí donde las políticas dirigidas a alcanzar una mayor sostenibilidad, también en el rural, tienen que cobrar relevancia. Al igual que no tiene ningún sentido reducir las partidas destinadas a la educación, pues de ella dependerá que las próximas generaciones estén mejor formadas, posibilitando un mayor progreso, tampoco cabe retirar ni una pizca de interés por la política para el desarrollo sostenible del rural, pues en él se encuentra buena parte del futuro, de un futuro que nos incluye a todos.
¿Cómo se deberían articular las inversiones en materia de sostenibilidad para que dinamicen el rural?
De tal manera que se garantice que el beneficio de la inversión signifique directamente el beneficio para el entorno y para los que lo habitan, es decir, dando respuesta a las verdaderas necesidades que un vecino, que una explotación o que un ecosistema tienen para pervivir hoy en las mejores condiciones.
¿Es el desarrollo del rural ourensano más sostenible ahora que antaño?
El paso del tiempo ha significado la paulatina transformación del sector, una mayor industrialización que ha alejado buena parte de los crecientes beneficios de aquellos que más lo merecían, y que ha traído consigo un significativo impacto sobre el medio. Afortunadamente, se han hecho importantes esfuerzos por revertir la situación, en base a la inyección de notables inversiones directas, a la transformación de algunas condiciones laborales y al redireccionamiento de hábitos perniciosos con el entorno, pero aún hoy queda mucho camino por recorrer, y todo apunta a que no será fácilmente transitable.
Cabe destacar que los trabajos ligados a la protección de la biodiversidad no terminan en las fases de identificación, sino que es preciso potenciar las medidas dirigidas a la conservación. Éstas son las mejores herramientas para consolidar las condiciones más adecuadas en el entorno, y es quizá aquí donde resulta preciso un mayor esfuerzo de la Administración local.
Las Administraciones tienen la doble responsabilidad de ser eficientes y de ser ejemplo en materia de eficiencia para los ciudadanos. El Estado ya ha emprendido un ambicioso compromiso en este sentido, al igual que algunas comunidades y municipios, pero es éste también un espacio en el que muchos aspectos pueden ser mejorados, desde los clásicos, luz o agua; hasta otros más novedosos ligados a la movilidad.
Haciéndole entender que la sostenibilidad significa salud, empleo y bienestar. En definitiva, que es el futuro, y que no habrá futuro sin sostenibilidad. Si ni con esas, se lo tendría que explicar en términos electorales (risas).
En este sentido, la nueva PAC tendrá un peso fundamental. Sus futuros cimientos pasarán inexcusablemente por el desarrollo rural, por lo que éste ha de ser el principio fundamental en el que se inspiren las nuevas políticas que involucrarán al sector público y privado, además de a los ciudadanos.
