Un análisis de la extensísima sentencia del Alto Tribunal gallego permite comprobar como los magistrados que la redactaron echan por tierra todos los argumentos de los denunciantes. Frente a ellos, la labor realizada por la Diputación, dirigida en parte por el letrado madrileño Francisco Javier Jiménez de Cisneros, ha contrarrestado un proceso que temían tanto la Diputación como los propios denunciantes.
Al final, el TSXG validó la actitud de la institución provincial de oponerse primero a la venta y después negociar, la utilización de la transacción judicial de la parcela a favor de Flager, la desafectación del uso agrícola de la finca y la valoración realizada a instancias de la institución provincial y niega que se haya producido fraude de ley, que hubiese un perjuicio económico para la Diputación y que la institución requierese el permiso de la Comunidad autónoma en esta operación por exceder -según los denunciantes- del 25% de sus recursos ordinarios.
No todo está pagado Así las cosas, la Diputación cree que es el momento de recuperar el proceso bloqueado en su día, que la obligó a congelar los tres primeros millones de euros que ya pagó Flager en 2002, al firmar la escritura notarial.
El segundo plazo, de otros tres millones tendría que hacerlo a la entrada en vigor del PXOM de 2003, pero para entonces ya había un auto que paralizaba la transacción. Y debe también un tercer plazo, el del pago de 2,3 millones de euros, que se harán efectivos cuando el Concello apruebe el proyecto de compensación y urbanización, que debe completar, en el primer caso, y tramitar, en el segundo, ante el Concello. Después será cuando la Diputación entregue tres de esos millones a la ciudad para dotaciones en la zona.
No todo está pagado Así las cosas, la Diputación cree que es el momento de recuperar el proceso bloqueado en su día, que la obligó a congelar los tres primeros millones de euros que ya pagó Flager en 2002, al firmar la escritura notarial.
El segundo plazo, de otros tres millones tendría que hacerlo a la entrada en vigor del PXOM de 2003, pero para entonces ya había un auto que paralizaba la transacción. Y debe también un tercer plazo, el del pago de 2,3 millones de euros, que se harán efectivos cuando el Concello apruebe el proyecto de compensación y urbanización, que debe completar, en el primer caso, y tramitar, en el segundo, ante el Concello. Después será cuando la Diputación entregue tres de esos millones a la ciudad para dotaciones en la zona.
