La crisis económica y la inflación en la provincia (en febrero alcanzó un 7,7% interanual) están asfixiando a los hogares, a las pymes y autónomos. No sólo hay más peticiones de ayudas sociales, tal como atestiguan las onegés, sino que también esta realidad se consta en los juzgados de la provincia con más demandas por impagos, cobros de deuda e insolvencia empresarial. A las repercusiones de la pandemia sanitaria que se arrastran desde 2020 se suma ahora, en este primer trimestre del año, las consecuencias de la guerra de Ucrania, la crisis de suministros y los altos costes energéticos.
Hay más demandas en la jurisdicción civil por impago de facturas o recibos vencidos, al socaire de la ya bautizada como “tormenta perfecta”, con respecto al primer trimestre de 2021, según los datos de la oficina de registro de los juzgados ourensanos. Los pleitos para reclamar este tipo de deudas se han incrementado un 12,6% con una media de ocho pleitos al día (en 2020 fueron siete). Estos procedimientos, llamados monitorios y que sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos, alcanzaron un récord trimestral: se ingresaron hasta la fecha 722. Ya entre 2020 y 2021 se apuntaron una subida del 2,7% (se pasó de 4.185 a 4.300).
Además, el número de familias sobreendeudadas (personas naturales no empresarios) que solicitan entrar en concurso de acreedores se ha duplicado, alcanzando cifras desconocidas. Si en los tres primeros meses del año pasado, los juzgados recibieron cinco peticiones, en solo tres meses del año ya son 10 (en todo 2020 fueron 13 y 23 en 2021).
Empresas en bancarrota
No menos preocupantes son los concursos de acreedores que se dirimen en el Juzgado Mercantil: se presentaron seis (empresas que no pueden cumplir regularmente con sus obligaciones), doblando las cifras del trimestre anterior (tres). Además, según fuentes de este órgano, entraron tres demandas de autónomos que no pueden hacer frente a sus deudas (persona física empresario) y dos de particulares (estos pleitos se reparten entre todos los juzgados de instancia).
El otro punto sobre el que pivotan las consecuencias económicas de este primer trimestre del año se centra en las demandas laborales. La prórroga de los ERTE y la reforma laboral han frenado los pleitos de trabajadores afectados por los despidos objetivos, los que se producen por causas legales relacionadas directamente con la situación de las empresas. Algo que se prevé se mantenga durante este mes de abril, fecha en la que dicha reforma limita los despidos por parte de empresas que hayan recibido ayudas. Este tipo de demandas han pasado de 114 de enero a marzo de 2021 a 101 en el mismo periodo de este año. Las acciones legales de los empleados que han sido apartados de su puesto de trabajo y que consideran que se ha vulnerado sus derechos fundamentales pasaron de 13 a dos.
En este 2022, la mayor caída está en las demandas de cláusulas suelo. Siguen llegando demandas de personas afectadas por los intereses abusivos en las hipotecas pero menos ( 305 en el primer trimestre de 2021 y 111 este año).
La segunda oportunidad
En la Ley Concursal, desde 2013, hay un apartado que regula la opción de que personas físicas (familias, autónomos) y jurídicas que son insolventes puedan convertir sus deudas insatisfechas en perdonadas a través de un procedimiento judicial. Una opción que permite comenzar de nuevo sin llevar la mochila de acreedores a cuesta a aquellos que lo han perdido todo y ya no les queda nada que vender. La exoneración es provisional durante cinco años por si se deviene a mejor fortuna. Transcurrido ese plazo, podría llegarse a la exoneración definitiva. En Ourense, esta segunda oportunidad ha llegado a familias sobreendeudadas, pero “la mayoría son pequeños empresarios o autónomos que cerraron su negocio y que en la liquidación de deudas repercute en su patrimonio personal o fiadores o avalistas de terceros”, explica una magistrada. El Juzgado Mercantil (Instancia 4) es el juzgado que más casos asumió: 10 hasta 2020.
