Aunque todavía tendrá que ser refrendada por el pleno, la junta de gobierno local de Ourense dio luz verde ayer a la nueva ordenanza municipal del servicio de ayuda a domicilio. El cambio se produce ante la necesidad de adaptar la norma al decreto de la Xunta que regula los servicios sociales y su financiación. La consecuencia de esta modificación será que 'con los cambios que introduce la Xunta, los usuarios acabarán pagando más', explica la concejala de Benestar Social, Marga Martín, que, en todo caso, matiza que 'pagan menos de lo que cuesta el servicio'.
Así, la nueva ordenanza establecerá que el servicio únicamente será gratuito para los usuarios con una capacidad económica inferior al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (antes salario mínimo). Hasta ahora, la normativa contempla la gratuidad íntegra para los beneficiarios de una capacidad económica inferior o igual al 100% de este indicador.
Además, la ordenanza fija que los expedientes no se realicen por usuario sino por unidad de convivencia y que las posibilidades económicas por las que se rige el copago del servicio se calculen en función de la renta y patrimonio de todas las personas que residen en la vivienda del usuario y no sólo en función de los ingresos y patrimonio de éste y su pareja, como venía ocurriendo hasta ahora. La nueva normativa deja abierta, además, la posibilidad de incluir, en situaciones excepcionales, a usuarios del servicio de comedor sobre ruedas.
La nueva ordenanza será presentada ante la comisión de plenos para que los grupos políticos estudien su contenido y, en un plazo de 10 días, presenten enmiendas antes de que el pleno la apruebe de forma inicial. Posteriormente, habrá un periodo de exposición pública de 30 días para que cualquier ciudadano o colectivo presente también sus propuestas, antes de que sea aprobada definitivamente. El servicio de ayuda a domicilio cuenta en la actualidad con unos 800 usuarios, principalmente personas mayores con problemas de autonomía o dependientes.
Además, la ordenanza fija que los expedientes no se realicen por usuario sino por unidad de convivencia y que las posibilidades económicas por las que se rige el copago del servicio se calculen en función de la renta y patrimonio de todas las personas que residen en la vivienda del usuario y no sólo en función de los ingresos y patrimonio de éste y su pareja, como venía ocurriendo hasta ahora. La nueva normativa deja abierta, además, la posibilidad de incluir, en situaciones excepcionales, a usuarios del servicio de comedor sobre ruedas.
La nueva ordenanza será presentada ante la comisión de plenos para que los grupos políticos estudien su contenido y, en un plazo de 10 días, presenten enmiendas antes de que el pleno la apruebe de forma inicial. Posteriormente, habrá un periodo de exposición pública de 30 días para que cualquier ciudadano o colectivo presente también sus propuestas, antes de que sea aprobada definitivamente. El servicio de ayuda a domicilio cuenta en la actualidad con unos 800 usuarios, principalmente personas mayores con problemas de autonomía o dependientes.
