La muerte de un policía en comisaría: un enigma tras 55 tomos de sumario

Hace seis años, sobre las cuatro de la tarde del 9 de abril de 2016, que la muerte violenta por un disparo en la cabeza de Celso Blanco, un agente de la Comisaría de la Policía Nacional de Ourense, lo puso todo patas arriba. Y no sólo porque, inexplicablemente, los mandos ordenasen limpiar el despacho de la quinta planta, el escenario de los hechos, al día siguiente. Después, estuvo años precintado. El aparente suicidio, tal como se indicó desde el propio cuerpo, dio paso a una investigación que estuvo secreta durante casi dos años en el Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad. Hasta que la jueza Eva Armesto enseñó sus cartas en enero de 2018, una serie de indicios por los que detenía e imputaba por un presunto asesinato a dos compañeros de trabajo y amigos de la víctima, los hermanos gemelos Roi y Bernardo Deprado Lahoz. La jueza, en abril de 2022, aún no ha decidido si archiva el caso o, por contra, los sienta en el banquillo, con un sumario sobre la mesa que acumula 55 tomos y más de 20.000 folios. Aunque la fiscalía no ve delito, está personada la familia del fallecido -desde el año pasado con un abogado de oficio- y el inspector Antonio Rodríguez, quien se considera damnificado de forma colateral (ejerce la acusación popular). La instructora aguarda información de Google para cerrar el caso. Solicitó a Estados Unidos, por comisión rogatoria, información sobre las cuentas de correo y las aplicaciones móviles de los investigados. FICHAN UNA VEZ POR SEMANA Los Deprado Lahoz nunca llegaron a ingresar en prisión formalmente, tras prestar una fianza de 60.000 euros cada uno, pero su vida igualmente quedó atrapada. Bernardo se jubiló en la cuarentena y su hermano se fue de Ourense para no sentirse señalado. Desde que fueron imputados, en enero de 2018, continúan fichando en el juzgado; ahora una vez a la semana, pero hubo meses de todos los días. La larga instrucción -la Audiencia provincial ya advirtió a la jueza que debe cerrarla porque no caben más prórrogas- ha servido para desarmar algunos de los indicios que pesaban sobre ellos como, por ejemplo, la entrada de Bernardo al despacho de Blanco, tras viajar oculto en el maletero del vehículo de su hermano), a través de un pasadizo secreto por el que se accede desde el garaje (las 14 huellas recogidas en ese corredor no son de él). Las imágenes detectaron el todoterreno de su hermano entrando en el aparcamiento antes de la hora de la muerte. Roi estacionó en un lugar sin cámaras y se fue de compras al centro comercial. DOS BANDOS Tanto a nivel judicial como policial se articularon dos bandos, con informes que les dan y quitan razones. Aquellos que sostienen que el agente se suicidó porque el pasado acaba pasando factura. Según esa hipótesis, Celso, en agosto de 2014, habría robado seis pistolas del armero policial para construir una trama falsa de corrupción en contra de algunos compañeros (los imputados en la operación Zamburiña contra el tráfico de drogas y que fueron absueltos en primera instancia). En este lado, se alinean los propios investigados y la fiscal Pilar Manso. Esta última, a finales de enero de este año, se adhirió a la petición de sobreseimiento del letrado de los gemelos, Neil González Seoane, a raíz de los últimos informes de expertos de la Comisaría Central de Madrid (no avalan el homicidio). El ministerio público considera que ninguno de los indicios o sospechas pueden constituirse como pruebas directas o suficientes de la participación de los investigados en la muerte de su compañero. Tampoco cree que haya base para juzgarlos por el robo de las seis armas, un nuevo capítulo del sumario tras la decisión de la Audiencia de endosar un asunto que estaba en otro juzgado. En el otro lado, está la jueza que hasta ahora ha visto indicios suficientes para mantenerlos imputados, la familia del fallecido (le parece muy extraño que no hubiera escrito una nota de despedida a su madre), el inspector Antonio Rodríguez y los máximos responsables de la Comisaría de Ourense, incluido el grupo de Policía Judicial (UDEV). No se mueven un ápice de su teoría pese a que la Brigada Central de delitos contra las personas de la Comisaría General de Policía Judicial, con sede en Madrid, recientemente emitió un informe de 24 páginas en el que se determina, en base a todas las pruebas que se han reunido hasta el momento y el examen de una docena de informes y oficios, que la muerte del policía no fue un homicidio, sino un suicidio. La decisión final de la jueza instructora sobre si la muerte de Celso debe ir a o no a juicio sigue siendo un enigma seis años después.