El nuevo bum venezolano dispara las peticiones de asilo en Ourense a cifras históricas

Las peticiones de asilo se disparan en la provincia de Ourense, empujada por el bum de venezolanos que llegan a la provincia, tras el parón de la pandemia, y piden protección internacional para poder quedarse. En solo nueve meses de 2022 (de enero a septiembre), el Ministerio del Interior ha recibido ya 686 solicitudes de protección internacional (también llamada solicitud de asilo), una media de tres al día, frente a las 306 registradas en todo el 2021, es decir, se han disparado las peticiones un 124% respecto al año pasado y todavía quedan tres meses para acabar 2022. Este subidón se atribuye al alza en la llegada de venezolanos, que se está reproduciendo en toda España y que en Ourense tiene un efecto muy importante por los fuertes vínculos de la provincia con el país caribeño, fruto de la emigración pasada. De hecho, la comunidad venezolana es ya, con diferencia, la más grande de todos los extranjeros que residen en la provincia. Solo de enero a septiembre, este 2022 ha pulverizado todos los récords de peticiones de asilo, superando también a 2020 (520 peticiones), hasta ahora el año con mayor bum de solicitantes. Pese a que pueda parecerlo, tras este pico de solicitudes de asilo no se encuentra la guerra de Ucrania, pues los refugiados ucranianos que han llegado a la provincia no computan en esta estadística, sino que son solicitudes de protección temporal, de las que Interior ya ha resuelto 387 en territorio ourensano, que se sumarían a esas 686 solicitudes de asilo de otras procedencias. Ourense es la novena provincia española con más solicitudes de asilo en proporción a su población, con 225 por cada 100.000 habitantes, solo superada por Melilla, Ceuta, Madrid, Tenerife, Segovia, Huesca, Soria y Álava. El 39% de las solicitudes de asilo las acaparan los venezolanos, seguidos del 25% correspondiente a personas procedentes de Colombia. Desde el servicio de orientación laboral de la Fundación Amigos de Galicia, alertan de que el mes de septiembre observaron “una llegada desbordante de personas sin papeles procedentes de Venezuela reclamando ayudas sociales, todas ellas sin permiso de trabajo ni estudios homologados”. Consideran esta inmigración masiva “muy preocupante”, pues “las opciones de conseguir empleo legal son imposibles”. Solo en ese último mes se registraron 52 nuevas peticiones de asilo político en la provincia. UNA VÍA DE REGULACIÓN El presidente de la asociación de venezolanos Alma Llanera, Lorenzo González, matiza que no se trata de migrantes que entren a España de manera ilegal, sino que “vienen con lo puesto” y su carencia de documentos reglados y ratificados se debe a la situación de “estado fallido” del país de origen: “La burocracia es muy lenta y a veces es preciso pagar por debajo de la mesa, y la situación es desesperante, por lo que no hay tiempo de hacer trámites”. González apunta al desconocimiento, por parte de los inmigrantes venezolanos, de la consideración que el Gobierno de España tiene de la situación de Venezuela: “Muchos ciudadanos de a pie hacen una solicitud de asilo político y acaban por rechazársela porque no son activistas, funcionarios o militares opuestos al régimen”. A efectos prácticos, la solicitud el asilo facilita la regulación: una vez se registra la petición, el solicitante tiene derecho a permanecer en el país hasta la resolución del trámite por parte de las autoridades, que tienen un plazo máximo de seis meses que, normalmente, se demora hasta dos años. En este lapso y tras medio año de realizar la solicitud, el interesado recibe un permiso de trabajo que puede renovar mientras no se le concede o deniega el asilo. A este especto, el abogado Anthony Rojas, especializado en asesorar sobre estos procesos burocráticos, indica que el fenómeno podría ir a menos si el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional acelera el trámite de estas solicitudes en base al nuevo reglamento aprobado en el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo. Además, señala que “la Oficina de Extranjería empieza a mirar con lupa las razones que presentan los solicitantes”, por lo que esto desanimaría a muchos de solictar sin tener pruebas documentales.