El Queens era el burdel favorito
de muchos de los imputados con el caso Carioca (que destapó una trama de prostitución y corrupción en Lugo) y también el lugar donde se encontraba la clave de la investigación que reventó ayer en forma de operación Pokemon por la conexión de uno de los detenidos, el funcionario municipal de Lugo Javier Reguera, con la red de proxenetas que actuaban en connivencia con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Este último, según parece, pero ya dentro de la operación Pokemon, era el intermediario entre los cargos públicos detenidos ahora y Vendex.
Reguera aparece como interlocutor en muchas de las llamadas telefónicas intervenidas al principal encausado en el caso Carioca, José Manuel García Adán, jefe del Queens. Muchas se referían a arreglos y gestiones que se necesitaban en el solar que ocupaba el burdel.
Tras ser detenido, Reguera reconoció que él era el propietario del local, a medias con Manuel Santiso, propietario de la empresa Sanle, y que se lo tenía alquilado a Adán por 1.200 euros al mes a través de una gestoría propiedad de Ramón Vázquez Río, el policía local lucense que fue encarcelado por su relación con el mundo de la prostitución.
Una de las conversaciones grabadas, por ejemplo, recoge una charla en la que Adán pide a Reguera que le tape unos baches que hay en el acceso al local. En su declaración como imputado Reguera reconocía que efectivamente encargó a su amigo Santiso que cuando le sobrara algo de gravilla le mandara un camión de Sanle para arreglarlos. Así fue.
Pero este terreno resultó tener mucha más historia. La contó el anterior propietario, en una declaración realizada ante la jueza en junio de 2011. En la misma, el hombre narró las fuertes presiones que sufrió para vender el inmueble muy por debajo de su valor. La gran finca vallada y el chalé fueron vendidos por unos 72.000 euros.
Esas presiones, relató, le llegaron de forma constante y de muy diversas maneras, pero especialmente en forma de multas de la Policía Local, donde trabajaba tanto el agente Vázquez Río, el propio Reguera y la esposa de este.
Las sanciones que recibían los vehículos de su empresa de distribución de quesos se acumulaban por momentos. Las acusaciones del testigo no acabaron ahí. Según explicó, no contentos con el Queens, siguió recibiendo presiones para vender otro chalé con terreno. El problema aquí era que no estaba legalizado, porque había sido construido sobre suelo no urbanizable. Pero este era un detalle que no parecía importar mucho a los supuestos compradores, ya que alardeaban de contar con los contactos suficientes en el Concello.
Javier Reguera negó tener mayor relación con García Adán que la que había entre arrendador y arrendatario, y justificó su destacado patrimonio inmobiliario en su capacidad de ahorro .
También negó que su esposa, entonces funcionaria en el departamento de sanciones de la Policía Local, cobrara por retirar multas, tal y como parecía desprenderse de algunas de las conversaciones grabadas. Por lo que ahora se acaba de ver, la magistrada no quedó muy convencida.
Reguera aparece como interlocutor en muchas de las llamadas telefónicas intervenidas al principal encausado en el caso Carioca, José Manuel García Adán, jefe del Queens. Muchas se referían a arreglos y gestiones que se necesitaban en el solar que ocupaba el burdel.
Tras ser detenido, Reguera reconoció que él era el propietario del local, a medias con Manuel Santiso, propietario de la empresa Sanle, y que se lo tenía alquilado a Adán por 1.200 euros al mes a través de una gestoría propiedad de Ramón Vázquez Río, el policía local lucense que fue encarcelado por su relación con el mundo de la prostitución.
Una de las conversaciones grabadas, por ejemplo, recoge una charla en la que Adán pide a Reguera que le tape unos baches que hay en el acceso al local. En su declaración como imputado Reguera reconocía que efectivamente encargó a su amigo Santiso que cuando le sobrara algo de gravilla le mandara un camión de Sanle para arreglarlos. Así fue.
Pero este terreno resultó tener mucha más historia. La contó el anterior propietario, en una declaración realizada ante la jueza en junio de 2011. En la misma, el hombre narró las fuertes presiones que sufrió para vender el inmueble muy por debajo de su valor. La gran finca vallada y el chalé fueron vendidos por unos 72.000 euros.
Esas presiones, relató, le llegaron de forma constante y de muy diversas maneras, pero especialmente en forma de multas de la Policía Local, donde trabajaba tanto el agente Vázquez Río, el propio Reguera y la esposa de este.
Las sanciones que recibían los vehículos de su empresa de distribución de quesos se acumulaban por momentos. Las acusaciones del testigo no acabaron ahí. Según explicó, no contentos con el Queens, siguió recibiendo presiones para vender otro chalé con terreno. El problema aquí era que no estaba legalizado, porque había sido construido sobre suelo no urbanizable. Pero este era un detalle que no parecía importar mucho a los supuestos compradores, ya que alardeaban de contar con los contactos suficientes en el Concello.
Javier Reguera negó tener mayor relación con García Adán que la que había entre arrendador y arrendatario, y justificó su destacado patrimonio inmobiliario en su capacidad de ahorro .
También negó que su esposa, entonces funcionaria en el departamento de sanciones de la Policía Local, cobrara por retirar multas, tal y como parecía desprenderse de algunas de las conversaciones grabadas. Por lo que ahora se acaba de ver, la magistrada no quedó muy convencida.
