"Las personas discapacitadas ahora protagonizarán su vida”

El 2 de junio el Gobierno aprobaba una ley para que las personas con discapacidad intelectual o mental puedan decidir plenamente sobre su vida, tras una valoración previa de los expertos y una aprobación judicial. Este mes entró en vigor la Ley de Apoyo a las Personas con Discapacidad que pasa de un sistema de tutela para todo el colectivo a uno de apoyos que les guíe sin sustituirlos. “Ahora son protagonistas de sus vidas, tienen plena capacidad para obrar y eso era algo que estaba restringido”, explica Susana Rodríguez, gerente de Down Ourense. El texto legal va en sintonía con el ordenamiento de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, que reconoce la capacidad de estas personas para tomar decisiones. Hasta ahora, todos eran tutelados una vez diagnosticados de una discapacidad. Eso cambió este mes y se les evaluará para determinar si son realmente capaces de asumir responsabilidades legales por su voluntad. Es ahí donde entra el sistema de apoyos, compuesto por su entorno, como familiares o entidades sociales. “Moitas destas persoas realmente non necesitan titores e téñenos, chegando nalgúns casos a sufrir un abuso desas titorizacións”, reconoce Laura Quintas, presidenta de Cogami Ourense. Firmar un contrato laboral o abrir su propia cuenta bancaria son algunos de los trámites que podrán hacer sin que el tutor lo apruebe por ellos. Para lograrlo, los expertos evaluarán la discapacidad para que un juez decida si la persona es capaz de tomar decisiones con el debido apoyo. “Esta ley va en consonancia con nuestra metodología de trabajo, ya que nosotros queremos lograr que sean autónomos”, señala Rodríguez. Quintas resalta que es una oportunidad para que “o titor non veña dado só pola razón de ter unha discapacidade”. Aquellas personas con un tutor tienen por delante un año para pedir una revisión de sus casos y así lograr el reconocimiento de su capacidad legal. En Down Ourense elaboraron una campaña informativa destinada a las familias asociadas, para que conozcan en qué consiste esta legislación. “Pasamos de un sistema de sustitución a uno de apoyos, porque ahora es su entorno el que le explica lo que supone su firma en un contrato laboral o de compra-venta”, indica Rodríguez. El proceso de evaluación será complejo y Quintas destaca aquellos que no pueden expresar su consentimiento, pero son capaces de decidir por ellos mismos. Los expertos examinarán estos casos para que el juez tome una decisión amparada en ese diagnóstico. Malos usos La sustitución en la toma de decisiones de las personas con discapacidad no siempre les respeta. En algunos casos existe un mal uso de esa responsabilidad y las mujeres son las perjudicadas. “Con elas está ocorrendo que a titorización supón que se decida tamén sobre os seus corpos, chegando a esterilizacións forzosas ou a que son apartadas da vida dos seus fillos”, afirma Quintas. La desigualdad que sufren las mujeres también tiene su efecto negativo en las que padecen una discapacidad intelectual. Quintas pone de manifiesto esta situación que sufren muchas a la hora de decidir sobre su reproducción sin su opinión. Con esta ley, ellas podrán escoger lo que desean hacer con su cuerpo o hijos siempre que un juez las vea capacitadas para ello. Down Ourense como Cogami trabajan por la autonomía de estas personas, ayudándoles a lograr un empleo o a adquirir conocimientos, todo con el objetivo de guiarles en su independencia. Una legislación carente de ayudas económicas Las entidades reconocen el importante paso que supone esta ley, pero que no es completa. “Está vacía de contenido económico y pedimos que se dote de un presupuesto para que se lleve a cabo”, explica Susana Rodríguez. El dinero crearía redes de apoyo para aquellas personas que no cuenten con familia o allegados que les puedan guiar en su toma de decisiones. “Necesitarán profesionales que les ayuden, pero no contarán con ellos por la falta de mecanismos económicos”, añade. Estas organizaciones son las que seguirán cubriendo esa necesidad que no asume la administración. “Se a unha persoa con discapacidade lle damos autonomía para que firme un contrato, témoslle que ensinar o que é iso. Necesita apoios para comezar e, sen eles, a independencia é limitada” asegura Laura Quintas. Su finalidad es la de apoyar a las personas con discapacidad, que se agruparon ellas mismas “para darnos un servizo que o Estado non fai”.