Vulnerar los derechos de sus trabajadores, a los que supuestamente no habían dado de alta en la Seguridad Social. Estos son los hechos que la fiscal atribuye a tres personas, para las que reclama una pena de un año de prisión (a cada una de ellas). La defensa de los acusados sostiene que los hechos no son constitutivos de delito.
Tres personas fueron juzgadas ayer en el Penal número 2 de Ourense como supuestas autoras de un delito contra los trabajadores. El fiscal acusa a Emilio R.M. como autor directo de los hechos y a su hermana, Ana R.M., y Guadalupe C.M. como cooperadoras necesarias. En todo caso, solicita para cada uno de ellos una pena de un año de cárcel y una multa de siete meses a razón de 20 euros diarios (4.200 euros).
La fiscal sostiene que determinadas actuaciones empresariales de los acusados presuntamente vulneraron los derechos de sus trabajadores y detalla, en concreto, el derecho a la ocupación efectiva, percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida y al ejercicio individual de las acciones derivadas del con trato de trabajo, entre otras.
Así, los hechos que la acusación pública califica como delito (la defensa sostiene que los hechos no son constitutivos de infracción penal) se refieren a tres empresas (Nórdica A Peroxa, Keppy Blanco y la cooperativa A Balaña). La primera la constituyeron los dos hermanos acusados en marzo de 1997. Se dedicaba al cableado del automóvil. Su objeto social fue ampliado en septiembre de 1998 y entró en liquidación en diciembre de 2000. Paralelamente, Emilio R.M. y Guadalupe C.M. constituyeron otra sociedad, de la que el primero vendió sus acciones a su hermana. Quince trabajadores de la primera empresa pasaron a esta sociedad y finalmente se formó una cooperativa.
La fiscal sostiene que determinadas actuaciones empresariales de los acusados presuntamente vulneraron los derechos de sus trabajadores y detalla, en concreto, el derecho a la ocupación efectiva, percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida y al ejercicio individual de las acciones derivadas del con trato de trabajo, entre otras.
Así, los hechos que la acusación pública califica como delito (la defensa sostiene que los hechos no son constitutivos de infracción penal) se refieren a tres empresas (Nórdica A Peroxa, Keppy Blanco y la cooperativa A Balaña). La primera la constituyeron los dos hermanos acusados en marzo de 1997. Se dedicaba al cableado del automóvil. Su objeto social fue ampliado en septiembre de 1998 y entró en liquidación en diciembre de 2000. Paralelamente, Emilio R.M. y Guadalupe C.M. constituyeron otra sociedad, de la que el primero vendió sus acciones a su hermana. Quince trabajadores de la primera empresa pasaron a esta sociedad y finalmente se formó una cooperativa.
