El reciente anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Gallardón dibuja una configuración polémica para la estructura actual.
La propuesta elaborada en el reciente anteproyecto de ley del Poder Judicial, de reorganizar la configuración de la Justicia en todo el país, y dejando a la provincia con la creación de una única entidad en la ciudad de Ourense ha supuesto golpear súbitamente la mesa sobre la que todos nos entendemos, para esbozar un nuevo dibujo de la Justicia y su operatividad. Una propuesta que, en perspectiva, posee un único bisel positivo: la concertación que ha sido capaz de aglutinar en su contra.
En su carácter de mengua, no puede decirse que la propuesta no sea ambiciosa: ocho de nueve; casi el 90% de los partidos judiciales existentes en la pserán suprimidos. Dirán adiós, si el anteproyecto sigue adelante, Bande, O Barco, O Carballiño, Celanova, Trives, Verín y Xinzo. Lo cual no es poco, ya que tendrán que buscar acomodo en esta nueva figura en la capital, una entidad que ya de suyo posee tanto volumen de trabajo como la suma de todos los demás. La propuesta contempla, eso si, la posibilidad de crear 'sedes desplazadas' que cumplan, de un modo alternativo y similar, las funciones que los actuales partidos judiciales efectúan, sin llegar a ser éstos mismos, sino tan sólo un eventual sucedáneo.
La nueva configuración presentada posee dimensiones cuantitativas que necesariamente nos orientan hacia lo cualitativo que es preciso considerar. En primer lugar, el acomodo que será preciso buscar, para todos los ciudadanos, dentro de la nueva interfaz que la Justicia le ofrece: es posible que la resolución de una querella judicial se deba llevar a cabo necesariamente en la capital de la provincia, tanto si se es de Barbadás como de A Rúa.
Ello supone, en términos de acceso a un importante servicio como es la Administración de la Justicia, un claro revés para los ciudadanos, que debe ser visto desde una cuidadosa doble vertiente: no sólo se presupone un desplazamiento añadido, sino que, además, el volumen de trabajo en aumento en la capital puede no estar compensado necesariamente por un incremento en el personal dedicado a ello, lo cual redunda en un aumento de los tiempos de espera en las resoluciones.
En declaraciones la semana pasada, Fernando Alañón, presidente de la Audiencia, lo exponía de un modo tremendamente gráfico: "Esta configuración tiene un hándicap muy importante y es que a medio y largo plazo se le pega una dentellada al rural". Un aserto sólo superado gráficamente por las dimensiones de la infografía que este texto acompaña.
El afán modernizador no puede ser subterfugio bajo el que encuentre cobijo la supresión del acceso universal a la Justicia. Antonio Piña, decano de los jueces de Ourense, se mostraba rotundo en declaraciones a este periódico: a favor de la modernización, "sin que ello tenga que suponer la limitación de los servicios que la Administración de Justicia presta a los actuales partidos judiciales."
Vida aparejada a la justicia
José Antonio Sotelo, representante de CSIF-Justicia, apunta una segunda consecuencia, también cuantitativa, cuya dimensión es preciso valorar: "A segunda consecuencia será que ese máis dun centenar de empregados que desenvolven o seu traballo en xulgados dos pobos e vilas da provincia teñan que trocar o seu domicilio, trasladando a súa familia cara a capital, semellante ó éxodo rural acontecido na expansión industrial da década dos 60 e 70, co conseguinte desarraigo."
Parte de las voces en contra de la nueva propuesta provienen de los principales regidores de las villas afectadas, al considerar que les perjudica de un modo directo, pues no sólo el imprescindible acceso a la Justicia se les ve truncado, sino que, además, la vida dentro de sus núcleos se verá sensiblemente resentida al perder la vitalidad y dinamicidad que el aparato judicial lleva aparejado. José Antonio Sotelo así lo confirma como otra de las consecuencias a tener en cuenta: "A terceira consecuencia será que os nosos pobos e vilas estarán abocados á morte por inanición; se desaparece o tecido administrativo cuns organismos públicos cada vez máis centralizados, a vida social e comercial resentirase notoriamente, o que contribuirá necesariamente ó seu languedecemento."
En suma, en aras de una reforma centralizadora, que persigue una necesaria modernización del aparato judicial, se plantean, de un modo añadido, una serie de propuestas que a no todos los actores involucrados parecen convencer. La postura esgrimida por alcaldes, así como por los propios representantes de la Administración de la Justicia en Ourense, pese a presentar diversas derivas, parece tener un punto en común, centrado en las dudas acerca de los beneficios que un nuevo sistema como el propuesto, pueda traer a una provincia con una estructura demográfica y geográfica con especificidades propias, que precisa cambios modernizadores, pero que, a la par, se encuentren en consonancia con la realidad y necesidades que la provincia exhibe. El reto no parece pequeño.
