El alcalde esgrime los acuerdos con otras administraciones pero la falta de mayoría y presupuesto condiciona sus proyectos
Más de 700 actos, recepciones y encuentros públicos en cien días, una media de cinco salidas a la semana a barrios y parroquias; o jornadas maratonianas de entrevistas y reuniones en la alcaldía, en sesiones de mañana y tarde, ponen de manifiesto que en los primeros 100 días del nuevo gobierno municipal de Ourense, el contacto con los ciudadanos ha sido una prioridad. Falta que tras el apretón de manos comiencen a encarrilarse o ejecutarse las demandas y las promesas electorales. Y el equipo de gobierno de la ciudad, en manos del PP, asegura que está en ello, aunque la falta de mayoría y la situación económica -sin presupuesto propio- ralentice las iniciativas.
Además, hubo que hacer frente a la primera crisis de gobierno, tan un sólo un mes después de tomar posesión el nuevo alcalde, Jesús Vázquez Abad. La produjo la renuncia del concejal de Cultura, Personal y Seguridad Ciudadana, Francisco González, y a su vez alto funcionario en la Diputación; actividad, la burocrática, que quiso compatibilizar con la política, para disgusto del presidente de la institución, Manuel Baltar, que le pidió prescindir de algunos de sus emolumentos en aras de la ética política; y González renunció al escaño municipal, una decisión que Jesús Vázquez considera ahora "dura", un "mal momento", quizá el peor de estos 100 días, derivado, eso sí, de una "decisión propia". "Baltar adoptó una decisión y Paco eligió, y ya está. El trabajo entre las dos administraciones, Concello y Diputación, debe ser conjunto, por el bien de la ciudad y de la provincia".
Superada la crisis, el gobierno se centró en la estrategia iniciada poco antes, el plan de choque de limpieza y recuperación de zonas verdes, que lideró el concejal José Araujo y que permitió ver que algo se movía en la gestión del Consistorio. Junto a ello, comenzó el cambio en las relaciones con otras administraciones -Diputación, Xunta o Gobierno central-, fácil porque son instituciones que también gobierna el PP y que apuntan a una gran colaboración que aún está por demostrar.
Con todo, de ahí surgieron un millón de euros para rehabilitar el Puente Romano y su entorno, el compromiso para recuperar un edificio de la Rúa da Barreira con destino a albergue de peregrinos, la constitución de la mesa de seguimiento del AVE, inversión -al fin- para la circunvalación Norte (que permitirá liberar en el futuro la N-120 para el bulevar termal) o desbroces y mejora de viales en todo el término municipal. Sin olvidar el 1,5% cultural para la Praza de Abastos, aunque gestionado en el gobierno anterior.
El problema de la minoría
Pero el alcalde también ha tenido que hacer frente a su condición de regidor en minoría; por eso, tuvo que ceder en su planteamiento de reducir los gastos de los grupos políticos, lo que permitió que el primer partido de la oposición, Democracia Ourensana, le diese un respiro para dar salida a la estructura del propio gobierno y sus retribuciones.
Ese "consenso" dio que pensar y comenzó a hablarse de un pacto oculto entre PP y DO, que ambos negaron pero que volvió a plantearse en el último pleno municipal, el de este mes. "No hay ni acuerdos ni pactos", dice Vázquez, porque lo habitual es que la formación de Jácome vote contra las propuestas del PP, que, bien es verdad, no consiguió imponerse en ninguna de las nueve mociones que se debatieron en la sesión de julio.
La condición de gobierno en minoría también se hizo notar en la modificación de crédito que propuso el PP un mes después de comenzar a gobernar y que era mucho más ambiciosa de lo que quería la oposición. Ahí el pacto se alcanzó con el PSOE, que votó favorablemente el pago a proveedores pero no nuevas inversiones. Todo un ejemplo de lo que será el gobierno de Vázquez, "una negociación constante y un diálogo permanente", como él mismo dice.
En estos 100 días no se ha asumido la apertura de La Molinera ni solucionado el problema de los contenedores subterráneos, cuestiones heredadas del gobierno anterior, pero se ha agilizado la contratación del alumbrado de Navidad para evitar el conflicto de 2014. Sí se ha comenzado a mirar los números para diseñar el presupuesto para 2016 (el actual es prorrogado) y, sobre todo, se busca una estrategia firme para mantener la legalidad de la ordenación urbanística, tras la amenaza de inconstitucionalidad, mientras no se elabora un nuevo PXOM, todavía en trámite y sin negociar con la oposición.
