El PP de Ourense entiende que el fallo del Tribunal Supremo les da ahora la razón, en lo que respecta a la existencia de presuntas irregularidades en la concesión de paneles publicitarios a la empresa Afiador Produccións.
En su sentencia, el Alto Tribunal, quien decretó ayer la absolución de todos los implicados, estima que el gobierno local obvió todos los 'trámites legales obligatorios', y se apartó del 'principio de legalidad' por lo que 'pueden verse obligados al abono de una indemnización', que asciende a unos 30 millones de euros.
'El fallo nos viene a dar la razón en todo lo que había denunciado el PP', 'que se trata de una chapuza administrativa y que esto no acaba más que empezar', subrayó el vicesecretario del PP de Ourense, Jorge Pumar, en alusión a la apertura del proceso por la vía del contencioso.
El caso de los paneles saltó a la luz pública a finales de 2008, tras una denuncia del PP en relación a la concesión de una contrata de paneles informativos y publicitarios a una empresa creada supuestamente para tal fin, Afiador Produccións S.L., una operación que finalmente fue cancelada.
Concluido el proceso penal, el Ayuntamiento se enfrenta ahora 'a un proceso contencioso-administrativo', con 'una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento', después de que la empresa reclamase al consistorio por lucro cesante, ante el incumplimiento del contrato y daños y perjuicios, al entender que había apalabrado espacios de publicidad,
En esta situación, Pumar, quien admitió esta mañana en rueda de prensa que todavía no han tenido acceso al contenido de la sentencia, apuntó que 'ojalá que todos los ciudadanos no tengamos que pagar ese dinero'.
'Hablamos de una cantidad de unos 30 millones de euros, no es una cantidad baladí', concluyó.
El Tribunal Supremo ratificó ayer la absolución de los imputados por la trama de los paneles, el exteniente de alcalde, Alexandre Sánchez Vidal, el exdirector xeral de Turismo y Termalismo, David Cortón, y el exjefe de servicio Elías Domínguez informativos, al estimar 'no haber lugar' al recurso de la Fiscalía.
El Ministerio Fiscal pidió el pasado mes de junio al Supremo la inhabilitación de los ex cargos nacionalistas por un presunto delito de prevaricación administrativa.
No obstante, en su sentencia, el alto tribunal respaldó el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Ourense, que absolvía a los tres implicados, así como a otras tres personas, al considerar que no hay pruebas suficientes.
'El fallo nos viene a dar la razón en todo lo que había denunciado el PP', 'que se trata de una chapuza administrativa y que esto no acaba más que empezar', subrayó el vicesecretario del PP de Ourense, Jorge Pumar, en alusión a la apertura del proceso por la vía del contencioso.
El caso de los paneles saltó a la luz pública a finales de 2008, tras una denuncia del PP en relación a la concesión de una contrata de paneles informativos y publicitarios a una empresa creada supuestamente para tal fin, Afiador Produccións S.L., una operación que finalmente fue cancelada.
Concluido el proceso penal, el Ayuntamiento se enfrenta ahora 'a un proceso contencioso-administrativo', con 'una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento', después de que la empresa reclamase al consistorio por lucro cesante, ante el incumplimiento del contrato y daños y perjuicios, al entender que había apalabrado espacios de publicidad,
En esta situación, Pumar, quien admitió esta mañana en rueda de prensa que todavía no han tenido acceso al contenido de la sentencia, apuntó que 'ojalá que todos los ciudadanos no tengamos que pagar ese dinero'.
'Hablamos de una cantidad de unos 30 millones de euros, no es una cantidad baladí', concluyó.
El Tribunal Supremo ratificó ayer la absolución de los imputados por la trama de los paneles, el exteniente de alcalde, Alexandre Sánchez Vidal, el exdirector xeral de Turismo y Termalismo, David Cortón, y el exjefe de servicio Elías Domínguez informativos, al estimar 'no haber lugar' al recurso de la Fiscalía.
El Ministerio Fiscal pidió el pasado mes de junio al Supremo la inhabilitación de los ex cargos nacionalistas por un presunto delito de prevaricación administrativa.
No obstante, en su sentencia, el alto tribunal respaldó el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Ourense, que absolvía a los tres implicados, así como a otras tres personas, al considerar que no hay pruebas suficientes.
