Ourense reclamará un nuevo juzgado de lo Penal por la elevada carga de trabajo de los dos existentes y la acumulación en la ejecución de sentencias

La preferentes y las imputaciones políticas marcan el curso judicial

Los juzgados de la ciudad retoman al 100% su actividad este mes (Foto: MIGUEL ÁNGEL)
El Pazo de Xustiza recupera a partir de esta semana toda su actividad ordinaria con la apertura de las agendas de juicios -a partir del martes en los penales- así como toda la tramitación inherente a los juzgados de instancia, instrucción, sociales, contenciosos y las dos secciones de la Audiencia, tras las incorporación del plantel de magistrados y secretarios judiciales después del paréntesis vacacional.
En este inicio del curso judicial aún colea el malestar que suscitaron las críticas de la concejala socialista de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, a mediado de julio y que suscitaron una rápida contestación por parte de jueces y fiscales al considerar que 'atacaban' la indepedencia de quienes integran el poder judicial. La edila, quien llegó a aludir a una especie de conspiración judicial contra el Concello, en relación a la instrucción de procesos penales en los que están incursos políticos, abrió una espita que tuvo una reacción sin ambages entre los togados. Hablaron y puntalizaron: 'Todos los asuntos que son o han sido objeto de instrucción judicial en los juzgados de este partido y sobre los que se ha dictado auto de apertura de juicio oral presentan o han presentado indicios racionales de criminalidad'.

El juez decano de Ourense, Antonio Piña, asegura que ya todo está olvidado y que ni él ni ninguno de sus compañeros van a seguir dando fuelle a la polémica. 'Cada uno debe estar en el sitio que le corresponde, y sólo pretendíamos hacer un llamamiento para que se respete la actuación judicial y que la crítica política no salga de ese ámbito', asegura.

Precisamente, este juez tiene sobre su mesa uno de los asuntos que más incomoda al Concello, la imputación de la concejala de Benestar, Marga Martín, en relación a la gestión irregular en la anterior contrata del servicio de ayuda a domicilio. Este será uno los procesos penales que de ahora en adelante se sustanciará, al objeto de que el magistrado determine si ve causa o no para llevar a juicio a los imputados por los presuntos delitos de falsedad, malversación o estafa. O lo que es lo mismo, que transforme las diligencias previas en procedimiento abreviado.

No obstante, antes de ello, debe resolver este mismo mes las peticiones de pruebas de denunciantes y denunciados, así como visionar los correos electrónicos almacenados en los discos duros de los ordenadores requisados a la concejala y a los dos exsocios de la empresa implicada, Alberto López y José Fermín Troncoso, también imputados.

Por último, el caso Baltar, tras la presentación del escrito de acusación del fiscal, llega a su recta final, si bien aún no hay fecha de juicio en el Penal. El expresidente del PP y la Diputación está acusado de un delito continuado de prevaricación en relación a 104 contrataciones en 2010.

En material civil, los próximos meses se aguardan complicados en los juzgados de primera instancia, debido al aluvión de demandas por las preferentes. En función del número de reclamaciones, que, según vaticinan los operadores jurídicos, será elevado, podría reforzarse alguno de los juzgados para garantizar el trabajo en jornada de tarde.

Asimismo, los jueces ourensanos aprovecharán el nuevo periodo que ahora comienza para reclamar. Los dos juzgados de lo Penal para toda la provincia son,según precisa Piña, a todas luces insuficientes. Las dos magistradas afrontan jornadas maratonianas de juicios y redacción de sentencias, pero la ejecución de las mismas se acumula más de lo debido (comenzaron el año 2013 con 1.914 ejecutorias pendientes).

En cuanto a los concurso de acreedores en marcha, el de la constructora OCA se resolverá en breve en el Juzgado Mercantil.

La Audiencia: abusos sexuales, drogas y estafas
Las sesiones de juicios en la segunda sección de la Audiencia se reinician el día 12 con un caso de estafa y alzamiento de bienes que se instruyó en Verín, y en el que el fiscal reclamó el sobreseimiento. En el banquillo se sientan cinco personas: los hermanos Isaac y Manuel D.N., Sara G.H., Jorge C.T. y José G.F.. Contra todos ellos se querelló A,D.R. en relación al dinero entregado desde 1995 a la empresa Isaac Verín S.L.
El 19 será el turno para un asunto por drogas contra Fátima G.M., José Luis G.V., María Loudes M.D.J. y Adolfo L.C. El ministerio público reclama para los dos primeros siete años de cárcel y cinco para el resto.
Un único sumario entrará en sala el 26, por abusos sexuales con penetración a una mujer que no tiene capacidad intelectiva para consentir actos sexuales. La fiscal pide 16 años de cárcel para Eloy V.M. por dos delitos de abusos perpetrados en noviembre de 2010 en Arnoia.

Los Penales: el caso del profesor que lamía orejas
Los juzgados del Penal tendrán una apretada agenda desde el martes con casos de interés mediático. El 7 de octubre el Penal 1 tiene previsto celebrar la vista contra el alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo, por supuestamente coaccionar a tres militantes socialistas y una farmacéutica durante las municipales de 2011. Mientras que la fiscal reclama una multa de 10.700 euros, la acusación particular eleva la petición a 24,8 años de cárcel.
También llegará a juicio la denuncia contra el profesor de Religión acusado de abusar sexualmente de ocho alumnos escolarizados en Rubiá y Sobradelo (Carballeda de Valdeorras). El fiscal reclama una pena de 19 años porque considera que hay prueba para condenarlo por sentar en las rodillas a los niños y acariciarlos por debajo de la ropa, lamiéndole las orejas y en ocasiones tocándoles el pene. El juicio será a puerta cerrada en el Penal 2.

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