Los cuatro primeros testigos llamados por el juez instructor de la querella por un presunto delito continuado de prevaricación planteada por el fiscal jefe contra el expresidente de la Diputación, José Luis Baltar, declararon ayer por la tarde.
Pese a que rehusaron dar explicaciones sobre su comparecencia ante el juez, sí dejaron constancia de que se sienten perjudicados por la publicidad dada al caso. 'Enviaron a la policía para entregarme la citación cuando lo único que hice fue formar parte de una lista en la que te van llamando, ahora ya ni eso, de vez en cuando', aseguraba una de las testigos en un pequeño corrillo antes de que comenzase la ronda de interrogatorios, negando así cualquier favoritismo.
Ayer le tocó el turno a dos mujeres que en 2010 trabajaron como ordenanzas en el Centro Cultural de la Diputación -Josefa Astray Losada y Rosa María Cabano Vaquero- así como dos ediles del PP en los concellos de Nogueira de Ramuín y Carballiño, Juan Luis Cachaldora Gómez y Pilar Caride González. El primero trabajó como agente de desarrollo local de Vilamarín y la segunda como técnico de Igualdade en la Mancomunidad de Carballiño.
Mientras las dos primeras ya no están trabajando para la Diputación, los dos segundos sí. En el caso de Cachaldora Gómez, quien tiene titulación universitaria, se presentó el pasado año a una oposición de peón a la que concurrieron más aspirantes. Anteriormente, ejerció como agente de desarrollo local mediante contratos que renovaba anualmente a principios de cada ejercicio, tal como ocurrió en enero de 2010 (los 104 contratos en cuestión son de esa fecha).
El letrado del PSOE aseguró a la salida que las declaraciones de estos testigos sustentan la querella del fiscal. 'Tres de ellos están vinculados al PP, son afiliados, y alguno incluso compromisario en el Congreso del PP en 2010', aseguró José Arcos. A su juicio, no supieron explicar 'por qué se les llamó para trabajar para la Diputación'. Las declaraciones no se reanudarán hasta la semana que viene, ante el fallecimiento de un familiar del abogado de la defensa de Baltar.
Ayer le tocó el turno a dos mujeres que en 2010 trabajaron como ordenanzas en el Centro Cultural de la Diputación -Josefa Astray Losada y Rosa María Cabano Vaquero- así como dos ediles del PP en los concellos de Nogueira de Ramuín y Carballiño, Juan Luis Cachaldora Gómez y Pilar Caride González. El primero trabajó como agente de desarrollo local de Vilamarín y la segunda como técnico de Igualdade en la Mancomunidad de Carballiño.
Mientras las dos primeras ya no están trabajando para la Diputación, los dos segundos sí. En el caso de Cachaldora Gómez, quien tiene titulación universitaria, se presentó el pasado año a una oposición de peón a la que concurrieron más aspirantes. Anteriormente, ejerció como agente de desarrollo local mediante contratos que renovaba anualmente a principios de cada ejercicio, tal como ocurrió en enero de 2010 (los 104 contratos en cuestión son de esa fecha).
El letrado del PSOE aseguró a la salida que las declaraciones de estos testigos sustentan la querella del fiscal. 'Tres de ellos están vinculados al PP, son afiliados, y alguno incluso compromisario en el Congreso del PP en 2010', aseguró José Arcos. A su juicio, no supieron explicar 'por qué se les llamó para trabajar para la Diputación'. Las declaraciones no se reanudarán hasta la semana que viene, ante el fallecimiento de un familiar del abogado de la defensa de Baltar.
