Tras ser derogada la supresión de las juntas de propietarios, ahora las comunidades deberán hacer frente a trabajo extra
Juan Medina, miembro de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Fincas de Galicia, lo tiene claro: “En Ourense se avecina un tsunami de juntas de propietarios por la acumulación de trabajo a realizar”. Y es que el 1 de enero de 2022 quedó derogado el Real Decreto Ley 8/2021 del 4 de mayo, que suspendía la celebración de juntas ordinarias presenciales y solo permitía las telemáticas. En cualquier caso, el ourensano, colegiado desde 1995, matiza que “no deben celebrarse las reuniones en los lugares típicos que se empleaban para ello antes de la pandemia, sino en espacios ventilados y sin compartir material”.
En cuanto a las reuniones telemáticas, que nunca fueron canceladas, si bien abren nuevas oportunidades, “no todos los propietarios están preparados todavía para ello”, explica Medina, por lo que ahora queda mucho trabajo por hacer. Para más inri, salieron publicadas en el Diario Oficial de Galicia ayudas para la mejora de la eficiencia energética de los edificios, y también están a punto de convocarse los Fondos Europeos correspondientes.
Numerosos plazos para concesiones importantes se terminan en breve. En 2023 termina el tiempo establecido para cambiar los contadores de la calefacción comunitarios a los individuales, un proceso de adaptación que es preciso abordar desde las juntas de propietarios. “Esta medida afecta a las viviendas construidas antes de 1998, que deben instalar repartidores de costes para la calefacción, individualizados, en todos los radiadores de las viviendas”, explica Medina.
VENTAJAS FISCALES
También el plazo para conseguir ventajas fiscales gracias a la mejora de la eficiencia energética en las comunidades de vecinos finaliza el 31 de diciembre de este mismo año. En cuanto a los edificios catalogados que cumplan más de 50 años, un alto porcentaje del total en la ciudad de Ourense, sus gestores están obligados a presentar un completo informe de evaluación. En principio, dicho informe tenía que presentarse antes del 20 de mayo de 2022, pero, en este caso, la Xunta otorgó dos años más. Eso sí, “si no se cumple, puede haber sanciones”, advierte Medina.
Además, en 2023 termina el tiempo establecido para pedir ayudas de cara a la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los garajes. La Xunta ofrece a las comunidades de propietarios subvenciones de entre el 30% y el 80% del importe. Se pueden solicitar hasta el 31 de diciembre de 2023. “Y cada vez hay más demanda de coches eléctricos”, valora Medina. Además, el acuerdo necesario para pedir esta subvención “debe aprobarse en junta de propietarios, y es un acuerdo complejo que implica tener al día el reglamento de baja tensión en el garaje. Obligará a muchas comunidades a hacer los deberes”, concluye.
