El Concello ya ha preguntado a la Xunta por la casa de acogida y lo hará con el Plan de Emprego.
La oficina de información al consumidor, la casa de acogida a mujeres víctimas de la violencia de género y el Plan de Emprego son sólo algunos de los proyectos municipales en los que el Concello mira ya hacia la Xunta para comprobar cómo puede continuar prestando estos servicios, toda vez que la reforma de la ley de régimen local aprobada el pasado diciembre por el Gobierno central deja en manos de las administraciones autonómicas buena parte de estas competencias al pretender acabar con duplicidades en la prestación de los servicios.
Así, si en el Plan de Emprego el Concello solicitará una autorización a la Xunta para este fin, en lo que respecta a la casa de acogida la institución municipal decidió el pasado enero suspender el concurso para adjudicar su gestión, si bien sigue prestando este servicio como hasta entonces. "Este 2014 es un año de transición", explica la concejala de Benestar Social, Marga Martín, que aclara que en el área vinculada con la mujer "la competencia no es propia del Concello pero es delegable por parte de la Xunta que, no obstante, tiene que aportar el 100% de la cuantía", algo que ocurriría también con otros servicios de su concejalía, como la ayuda a domicilio. A su juicio, esta circunstancia puede llegar a suponer que "muchos servicios corran peligro de desaparecer tal y como están ahora", puesto que quizás la administración autonómica no pueda o quiera seguir destinando la misma cantidad de dinero para su desarrollo, subraya.
Otros servicios ahora en manos de los concellos, como la unidad de conductas adictivas, las becas de comedores y libros, actividades extraescolares y culturales y todo lo vinculado al fomento del empleo dejan de ser competencias de los municipios. La ley, no obstante, permite a la Xunta delegarlas si no hay riesgo para la sostenibilidad financiera de los concellos.
La reciente aprobación de la normativa hace que los concellos aún no tengan claro cómo les afectará. "Estamos a la espera de que salga una ley de la Xunta que concrete la del Estado", explica Martín, que se reconoce pendiente de esa aclaración.
