Una sentencia deja en el aire los plazos de ejecución del nuevo edificio judicial al anular el proceso de expropiación de una parte de la parcela por una deficiente notificación a los propietarios de la misma. La interpretación de las consecuencias del fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 sobre este proyecto (también afecta al centro de salud de O Couto) ha enfrentado de nuevo al grupo de gobierno y la oposición que en boca de su portavoz Enrique Nóvoa, consideró que el de ayer era 'un día triste para Ourense'.
Para la Concejalía de Urbanismo, la resolución no tiene por qué afectar a la adjudicación de la obra, prevista para finales de este mes, mientras que el PP da por hecha la paralización de los trabajos durante al menos un año. En medio, la Xunta -encargada de la construcción de ambos equipamientos- dejaba la sentencia en manos de su asesoría jurídica 'para que determine si es posible o no seguir adelante con la adjudicación de la obra, tal y como queremos, con todas las garantías jurídicas', al tiempo que esperaban que 'el Concello resuelva esta situación lo más pronto posible'.
Pero, ¿en qué se basan las diferentes interpretaciones? Para empezar, que no es firme. El Concello lo recurrirá ante el Tribunal Superior de Xustiza, por lo que, para la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, la situación es análoga a la del Plan Xeral, 'que, al no ser firme su anulación, permite continuar otorgando licencias'. De hecho, destacó que la licencia de obra otorgada ayer garantiza la construcción del edificio judicial, incluso aunque se anule definitivamente el Plan Xeral. Soto señala que, paralelamente, el Concello notificará la expropiación a todos los titulares, corrigiendo así la irregularidad, por lo que, a su juicio, los problemas quedarán subsanados en 'dos o tres meses'.
La visión es completamente distinta en el PP. 'Mientras que las sentencias contra el Plan Xeral no han paralizado la actividad de la ciudad, ésta en cambio va a frenar la mayor inversión de la Xunta en los últimos años (18,5 millones de euros), desde luego una inversión que es superior a todas las que realizó el bipartito de Touriño', dijo el portavoz, Enrique Nóvoa, quien señaló que este es un momento triste para el PP por el bloqueo que padecerá esta infraestructura. Nóvoa, por cierto, compareció con el candidato a la alcaldía, Rosendo Fernández.
Pero, ¿en qué se basan las diferentes interpretaciones? Para empezar, que no es firme. El Concello lo recurrirá ante el Tribunal Superior de Xustiza, por lo que, para la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, la situación es análoga a la del Plan Xeral, 'que, al no ser firme su anulación, permite continuar otorgando licencias'. De hecho, destacó que la licencia de obra otorgada ayer garantiza la construcción del edificio judicial, incluso aunque se anule definitivamente el Plan Xeral. Soto señala que, paralelamente, el Concello notificará la expropiación a todos los titulares, corrigiendo así la irregularidad, por lo que, a su juicio, los problemas quedarán subsanados en 'dos o tres meses'.
La visión es completamente distinta en el PP. 'Mientras que las sentencias contra el Plan Xeral no han paralizado la actividad de la ciudad, ésta en cambio va a frenar la mayor inversión de la Xunta en los últimos años (18,5 millones de euros), desde luego una inversión que es superior a todas las que realizó el bipartito de Touriño', dijo el portavoz, Enrique Nóvoa, quien señaló que este es un momento triste para el PP por el bloqueo que padecerá esta infraestructura. Nóvoa, por cierto, compareció con el candidato a la alcaldía, Rosendo Fernández.
