Un informe de Vigilancia Aduanera (SVA) atribuye "posible financiación ilegal" al PP y al PSOE en Santiago e implica a la principal competidora del Grupo Vendex en los concursos de la ORA y la grúa, Setex Aparki.
El informe concluye que esta empresa al final se hizo con un concurso en la capital gallega porque "ya disponía de una plataforma más favorable en el seno del órgano de contratación a través del partido político que sustenta la acción municipal (ya gobernaba el PP) al haber entregado presuntamente dinero en el curso de la campaña electoral de noviembre de 2011".
En el informe, del 13 de febrero de 2013, incluido entre los nuevos tomos del sumario sobre la "operación Pokemon" abiertos por la jueza Pilar de Lara, el SVA "presume la posible financiación ilegal del PP en Santiago", en la que habrían participado el concejal Adrián Varela Sarandeses, Ángel Espadas (exasesor del alcalde Gerardo Conde Roa) y José Antonio Barona Couselo (responsable de Setex Aparki en la ciudad).
El concejal de Deportes, Adrián Varela, reconoció ante la jueza que "Antonio Ramos", al que identifica como "constructor", puso "dinero" para la campaña del PP, aunque matiza que él en ningún momento vio recibir cantidades y que él no era el tesorero del partido. Sin embargo, en una conversación intervenida a este concejal y a Espadas (que era el jefe de gabinete de Conde Roa), Varela le comenta que, en el caso de que el actual regidor, Ángel Currás, tuviese intención de "prescindir" de él (por Espadas), le iba a "recordar, decir que va a haber gente que le va a ir a pedir 40.000 o 45.000 euros... gente que puso dinero en la campaña electoral y que quieren que tú (Espadas) sigas ahí, para empezar...".
Por su parte, sobre la "posible financiación ilegal" del PSOE en Santiago, Vigilancia Aduanera señala que habrían participado Antonio Murcia, el propietario de la imprenta con el nombre comercial 'La Ibérica', José Antonio Sánchez Bugallo (actual diputado y entonces alcalde), Bernardino Rama (concejal e imputado en la Pokemon), Alfonso Luaces (Aquagest), José Luis Míguez (Aquagest) y Henry Laíño (exdelegado de Aquagest en Galicia).
Según consta en el sumario, Conde Roa y quien era su jefe de gabinete alentaron al empresario Antonio Murcia a ir "a saco a por ellos en el juzgado" con su demanda contra el anterior gobierno municipal del PSOE, puesto que detectaban "un tema de un calado de la leche". "Un tema de financiación irregular", sostiene Espadas en una conversación telefónica intervenida.
