El ingeniero responsable del servicio de Medio Ambiente y Aguas de la Diputación, Javier Bobe, declaró ayer ante el juez decano de Ourense, Antonio Piña, negó responsabilidades en las supuestas irregularidades detectadas por la Oficina europea contra el Fraude (Olaf) en la gestión de fondos europeos para los planes Daredo y Deputrans, por los que se instalaron 104 depuradoras de aguas residuales en el medio rural en 2003 y 2004.
Bobe, citado a declarar como imputado en el proceso judicial por fraude de subvenciones abierto tras la denuncia del PSOE y BNG, después de que la Oficina europea reclamase a la Diputación la devolución de 10,2 millones de euros, algo que la institución provincial intenta evitar presentando alegaciones ante el Ministerio de Hacienda.
Bobe Vázquez respondió, a preguntas del abogado socialista, José Arcos, que era el vicepresidente de la Diputación, Rogelio Martínez (ahora delegado territorial de la Xunta), el que acudía a todas las reuniones cuando se tramitaron las ayudas y se efectuó todo el proceso de licitación y adjudicación; mientas, el presidente, entonces José Luis Baltar, era el que firmaba y negociaba la instalación con los alcaldes. También ayudó a tramitar ayudas y participó en el proceso el gestor de fondos europeos, Javier Rodríguez Nóvoa.
Con todo, Bobe excluyó su participación en alguna irregularidad, aunque reconoció que, para no perder las ayudas europeas y dada la premura de tiempo existente, se fueron adquiriendo máquinas depuradoras, que tardaron después en instalarse, para poder certificar la percepción de la ayuda en tiempo y forma.
Sin embargo, aseguró a preguntas de su abogado y del de la Diputación -durante las dos horas y media en las que prestó declaración, y sin querer hacer declaraciones públicas ni antes ni después- que nunca intervino en la redacción de los proyectos Daredo y Deputrans, sólo en la redacción de las bases de contratación de la maquinaria, que en los dos casos obtuvo la empresa SMA, directamente o a través de una filial, algo que Bobe declaró desconocer. Dijo que el pliego, donde la Olaf detecta trato de favor a esa sociedad, no lo enseñó ni consultó con ninguna empresa; en realidad, dijo, se limitó a valorar el precio unitario de cada depuradora y así pudo adquirir en un principio 92 pese a que se le dio un proyecto para lograr 69. También dijo al juez que no puede explicar que SMA tuviese información confidencial y que los contratos de asistencia técnica se realizaron a la mejor oferta.
Bobe Vázquez respondió, a preguntas del abogado socialista, José Arcos, que era el vicepresidente de la Diputación, Rogelio Martínez (ahora delegado territorial de la Xunta), el que acudía a todas las reuniones cuando se tramitaron las ayudas y se efectuó todo el proceso de licitación y adjudicación; mientas, el presidente, entonces José Luis Baltar, era el que firmaba y negociaba la instalación con los alcaldes. También ayudó a tramitar ayudas y participó en el proceso el gestor de fondos europeos, Javier Rodríguez Nóvoa.
Con todo, Bobe excluyó su participación en alguna irregularidad, aunque reconoció que, para no perder las ayudas europeas y dada la premura de tiempo existente, se fueron adquiriendo máquinas depuradoras, que tardaron después en instalarse, para poder certificar la percepción de la ayuda en tiempo y forma.
Sin embargo, aseguró a preguntas de su abogado y del de la Diputación -durante las dos horas y media en las que prestó declaración, y sin querer hacer declaraciones públicas ni antes ni después- que nunca intervino en la redacción de los proyectos Daredo y Deputrans, sólo en la redacción de las bases de contratación de la maquinaria, que en los dos casos obtuvo la empresa SMA, directamente o a través de una filial, algo que Bobe declaró desconocer. Dijo que el pliego, donde la Olaf detecta trato de favor a esa sociedad, no lo enseñó ni consultó con ninguna empresa; en realidad, dijo, se limitó a valorar el precio unitario de cada depuradora y así pudo adquirir en un principio 92 pese a que se le dio un proyecto para lograr 69. También dijo al juez que no puede explicar que SMA tuviese información confidencial y que los contratos de asistencia técnica se realizaron a la mejor oferta.
