En el año 2018 prácticamente todo el hachís que se consumía en Galicia procedía del Campo de Gibraltar (Cádiz), con un grupo criminal asentado en Ourense que movía importantes partidas y que será juzgado el próximo año en la Audiencia al haber culminado la instrucción. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial (EDOA) de la Comandancia de Santa Mariña y el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional lo sabían y, apoyados por el fiscal antidroga Miguel Ruíz, pidieron al Juzgado de Instrucción 2 de Ourense, el 27 de febrero de ese año, pinchar varios teléfonos. En ese momento, no imaginaban lo qué iba a dar de sí las conversaciones y seguimientos.
En noviembre, un dispositivo policial sin precedentes en la ciudad, apoyado por medios aéreos, brindó los accesos al edificio judicial de O Couto para evitar incidentes en el pase a disposición judicial de 17 personas detenidas en Algeciras, algunos de ellos violentos delincuentes que llegaron a disfrazarse de guardias civiles para consumar sus planes: una trama especializada en "vuelcos" a almacenes de droga (robo a otros narcos). Alguno de ellos se le atribuía el asalto al Hospital de la Línea de la Concepción para liberar al capo Samuel Crespo Domínguez.
La trama del norte
La operación se bautizó con el nombre de"Burga-Justel" y se cerró con 21 investigados -un asunto que finalmente recayó en Algeciras pese a la resistencia inicial de los juzgados gaditanos- y constituía una ramificación de aquellos primeros pinchazos que ya en junio de ese año habían culminado con la desarticulación de un presunto grupo organizado con ocho integrantes, la mayor parte ourensanos, que era capaz de recorrer cerca de mil kilómetros para adquirir hachís de primera calidad.
Las partidas de droga, según se comprobó, viajaba oculta en caletas, sofisticados escondites que los narcos utilizan para ocultar la droga en caso de ser interceptados. Fue necesario un registro muy minucioso para dar con las ocho botellas de plástico, rellenas de 8,7 kilos de hachís, que había en la caleta del Seat León, conducido por Mourad El Azari, un vecino de Ourense al que la Guardia Civil dio el alto el 6 de junio de 2018 en la A-66, la autovía Sevilla-Gijón, en plena ruta de la Plata.
Días después, el 22 de junio, la caleta debajo del salpicadero de un Seat Altea conducido por Alberto G.C., interceptado en la A-92, a la altura de Puebla de Cazalla (Sevilla), ocultaba 25 bolsas con 2.446 bellotas -25,9 kilos- de resina de cannabis valorada en 148.177 euros. El supuesto destinatario era Martin P.P., alias Coleta, detenido en Vigo por agentes de Vigilancia Aduanera cinco minutos después de la aparición del alijo.
En este caso, dada la importancia del cargamento y en aras del éxito de la operación , los narcos, según los investigadores, trataron de brindarlo con un coche lanzadera que asegurase que no había ningún control policial mientras el hachís viajaba unos kilómetros por detrás.
La Guardia Civil dio el alto a la lanzadera en el kilómetro 36 de la A-92 pero a la altura de Alcalá de Guadaira. Lo conducía Ahmed K. y el copiloto era Boutahar O.
En este caso, Alberto G.C. era la persona de confianza de Martín P.P. El primero viajaba al sur de la península (Antequera) y el segundo se encargaba de distribuirla en la ciudad olívica, según sostiene el fiscal antidroga.
A juicio 8 acusados con peticiones de más de 40 años de cárcel en total
En la trama ourensana con vínculos en Algeciras que recayó en Instrucción 2, el fiscal acaba de presentar escrito de acusación para que el caso sea juzgado en la Audiencia.
Figuran como acusados Mourad E.A., el supuesto cabecilla en Ourense. En la investigación figura como el encargado de conseguir las sustancia estupefacientes en Marruecos y el sur peninsular "bajando -dice el fiscal- con regularidad a Algeciras a adquirir grandes partidas de hachís para después vender en Ourense al por menor o bien entregar grandes partidas a otros compradores para su posterior distribución". También le atribuye el trapicheo "diario" de cocaína en la ciudad.
La acusación añade que se valía de Susana V.R., "llegando a ceder una vivienda de su familia para guardar armas y droga". En el registro de una casa de Outomuro (Cartelle) se decomisaron 2.602 gramos de resina de cannabis así como dos armas.
También figuran como colaboradoras Tania Q.P., en cuya vivienda había cocaína, hachís y 3.105 euros, y Sonia Raquel A.A. (en su casa aparecieron 3.710 euros y cuatro gramos de cocaína). Estas últimas, sostiene la fiscalía, transportaban droga a Boutahar O., uno de los supuestos traficantes que más viajaba a Algeciras e incluso a Marruecos.
El ministerio público reclama ocho años de cárcel para Mourad; siete para Susana; seis para Boutahar con su posterior expulsión del país y casi cinco para Sonia Raquel y Tania Q.P..
Las peticiones más bajas de condena (no les aplica pertenencia a grupo criminal) son para la rama viguesa: cuatro años y cinco meses de prisión para Martín P.P., Alberto G.C. y Ahmed K.
