Le da un último plazo para presentar alegaciones antes de imponerle una multa coercitiva de 1.500 euros.
Un conflicto urbanístico en las traseras de la avenida de Portugal, que se remonta a una sentencia de febrero de 1999, ha llevado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a dictar una providencia en la que acuerda "apercibir al alcalde de la ciudad, notificándolo personalmente, para la formulación de alegaciones en el plazo de 10 días".
Echa en falta el tribunal que el Concello no le hubiese remitido una copia de la resolución del expediente de aprobación del proyecto de equidistribución que ordenaba aquella sentencia. La providencia deja clara, además, que "transcurridos los plazos para el total cumplimiento del fallo" opta por el apercibimiento al alcalde "antes de adoptar las medidas de imposición (al regidor) de una multa coercitiva de 1.000 euros y de deducción del oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".
La resolución del conflicto se antoja complicada toda vez que el proyecto de equidistribución encargado por el Concello acarrearía costosas cargas económicas para los vecinos de los edificios afectados en esta manzana, hasta el punto de que no recibió el visto bueno del aparejador municipal. Con todo, la tesis del Concello es, entre otras consideraciones, que la aprobación del proyecto está afectada por la suspensión de licencias que conllevó el visto bueno inicial del nuevo planeamiento, tal y como se recoge en el informe de una técnico de Urbanismo. Una medida que debe valorar el Tribunal Superior.
