La UVigo se suma a la reivindicación del soterramiento parcial de la avenida Otero Pedrayo, con el objetivo de conectar los dos Campus. El rector de la institución académica, Manuel Reigosa, se reunió ayer con el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que le trasladó el compromiso de enlazar la zona universitaria. En todo caso, el soterramiento de la vía implicaría una reducción de zonas de aparcamiento, un problema que espera solución. La junta de compensación que gestiona el llamado solar de la Asunción, donde la Xunta prevé construir su edificio administrativo y el Campus su ampliación de centros, urge que el Concello apruebe el convenio que hace tiempo firmaron para un aparcamiento público. El acuerdo indicaba que el subsuelo de la plaza sería público, para un parking de uso potencial de la ciudadanía que acceda al futuro edificio administrativo o al Campus tras su ampliación.
El acuerdo firmado por el Concello y la junta de compensación tiene que llegar a la junta de gobierno municipal para aprobarse. En este sentido, y en el marco del debate del soterramiento de la avenida Otero Pedrayo, la junta de compensación ve necesario agilizar los plazos. “Abarataría el coste hacerlo de manera simultánea al soterramiento y no cuando esté todo construido”, explica Antonio Feijóo Miranda, abogado de la junta de compensación. Ve “positivo” el soterramiento, pero “siempre que se garantice y se proteja el acceso independiente de los propietarios de las viviendas y el del edificio administrativo de la Xunta”.
Reigosa también trasladó al Concello la necesidad de ampliación del Campus para acoger futuras titulaciones y dar cabida a las que, ya implantadas, no tienen facultad propia. Es el caso de Ingeniería Aeronáutica, para cuyo edificio se lanzó un concurso de ideas del que ya se anunció proyecto ganador. El rector recuerda el “compromiso” del Concello de ceder metros de parcela en el solar de la Asunción, pero asegura que “temos que buscar algo máis porque contamos con que vai ser preciso facer un edificio adicional”.
Por otro lado, una jueza acaba de desestimar la oposición de la UVigo a ejecutar la sentencia que obliga a la institución académica a pagar casi un 20% de los costes de urbanización de la parcela de la Asunción, que podría rondar los 750.000 euros. Es un caso que viene de lejos y que tumba la versión del Concello, que se negó en su día a exigir a la UVigo el cumplimiento de un convenio urbanístico de 1998, al considerar que ya no era eficaz. La justicia vuelve a dar la razón a los propietarios que en su día cedieron terrenos para construir la residencia universitaria.
