La junta de gobierno local acordó ayer la retirada de cuatro vallas publicitarias, instaladas en la avenida Otero Pedrayo, dentro de la campaña de legalización de estas estructuras publicitarias que está llevando a cabo. La imposibilidad de regularizar estas vallas, entre otras cosas, por comprometer la seguridad del tráfico rodado y peatonal, se encuentra detrás de esta decisión, la primera de este tipo. No obstante, otras 38 estructuras fueron retiradas por las empresas responsables dentro de este proceso.
La campaña de legalización de la publicidad exterior en la ciudad dio ayer un nuevo paso al aprobar la junta de gobierno local los cuatro primeros casos de vallas publicitarias en que la carencia de licencia implicará la retirada inmediata de las estructuras, que están ubicadas en la avenida Otero Pedrayo. Según el informe técnico del Concello, estas vallas están ubicadas en terreno privado y, al igual que otras 245 en la ciudad ya expedientadas, fueron instaladas sin contar con licencia municipal.
En el proceso abierto para regular estas estructuras, los técnicos del Concello consideraron que estas vallas son ilegalizables, entre otras cuestiones, porque la Policía Local concluye que pueden perjudicar o comprometer la seguridad del tráfico rodado y de los viandantes. Advierte, además, de la peligrosidad de la zona donde se ubican las estructuras, al ser un punto con frecuentes accidentes de tráfico. Con esta decisión municipal, tendrá que ser la propia empresa responsable la que retire las vallas y, en caso de no hacerlo, lo hará el Concello y le pasará los costes.
Hasta diciembre
Aunque estos son los primeros casos, el proceso municipal ya se ha cobrado otras víctimas, dado que, una vez que los técnicos municipales se pusieron en contacto con las empresas responsables, algunas de ellas optaron por levantar hasta 38 vallas. Con esta retirada, los expedientes de reposición fueron archivados, aunque continúan adelante los sancionadores.
No en vano, muchos de los titulares de estas estructuras publicitarias están colaborando con el Concello para tratar de legalizarlas (abonando la correspondiente licencia municipal), siempre que la normativa (tanto municipal como de otra índole, si afecta a carreteras) lo permita. Los técnicos municipales prevén finalizar esta campaña de regularización y ordenación de las vallas publicitarias en diciembre.
El 90% de las estructuras, sin regularizar
Los técnicos municipales estiman que las 245 vallas expedientadas hasta la fecha por carecer de licencia municipal suponen el 90% del total de estructuras publicitarias de la ciudad. Según sus cálculos, el porcentaje de las que posiblemente tendrán que ser retiradas por la imposibilidad de regularizarlas se acerca al 30%. Además, alrededor de un 20% depende de la consulta a otros organismos (como Demarca ción de Carreteras) para determinar su regularización. Paralelamente a los de reposición, el Concello ha abierto a las empresas expedientes sancionadores, que supondrán multas que van desde los 300, en el caso de las infracciones leves, a una cifra entre 6.000 y 60.000 euros en las graves. La trascendencia de este proceso regularizador estriba en que, además de ordenar la instalación de los paneles publici tarios y acabar con el caos actual, el Concello cobrará las correspondientes tasas de la licencia de obra para la instalación y las sanciones procedentes de las ilegales.
Hay lugares de la ciudad en los que las vallas son ilegalizables, como las zonas verdes, el suelo no urbanizable protegido y todo el ámbito del PERI, al igual que en los edificios catalogados. Además, han de estar a 10 metros de las carreteras.
En el proceso abierto para regular estas estructuras, los técnicos del Concello consideraron que estas vallas son ilegalizables, entre otras cuestiones, porque la Policía Local concluye que pueden perjudicar o comprometer la seguridad del tráfico rodado y de los viandantes. Advierte, además, de la peligrosidad de la zona donde se ubican las estructuras, al ser un punto con frecuentes accidentes de tráfico. Con esta decisión municipal, tendrá que ser la propia empresa responsable la que retire las vallas y, en caso de no hacerlo, lo hará el Concello y le pasará los costes.
Hasta diciembre
Aunque estos son los primeros casos, el proceso municipal ya se ha cobrado otras víctimas, dado que, una vez que los técnicos municipales se pusieron en contacto con las empresas responsables, algunas de ellas optaron por levantar hasta 38 vallas. Con esta retirada, los expedientes de reposición fueron archivados, aunque continúan adelante los sancionadores.
No en vano, muchos de los titulares de estas estructuras publicitarias están colaborando con el Concello para tratar de legalizarlas (abonando la correspondiente licencia municipal), siempre que la normativa (tanto municipal como de otra índole, si afecta a carreteras) lo permita. Los técnicos municipales prevén finalizar esta campaña de regularización y ordenación de las vallas publicitarias en diciembre.
El 90% de las estructuras, sin regularizar
Los técnicos municipales estiman que las 245 vallas expedientadas hasta la fecha por carecer de licencia municipal suponen el 90% del total de estructuras publicitarias de la ciudad. Según sus cálculos, el porcentaje de las que posiblemente tendrán que ser retiradas por la imposibilidad de regularizarlas se acerca al 30%. Además, alrededor de un 20% depende de la consulta a otros organismos (como Demarca ción de Carreteras) para determinar su regularización. Paralelamente a los de reposición, el Concello ha abierto a las empresas expedientes sancionadores, que supondrán multas que van desde los 300, en el caso de las infracciones leves, a una cifra entre 6.000 y 60.000 euros en las graves. La trascendencia de este proceso regularizador estriba en que, además de ordenar la instalación de los paneles publici tarios y acabar con el caos actual, el Concello cobrará las correspondientes tasas de la licencia de obra para la instalación y las sanciones procedentes de las ilegales.
Hay lugares de la ciudad en los que las vallas son ilegalizables, como las zonas verdes, el suelo no urbanizable protegido y todo el ámbito del PERI, al igual que en los edificios catalogados. Además, han de estar a 10 metros de las carreteras.
