La Axencia da Legalidade Urbanística ordenó paralizar en la provincia un total de 21 obras en ejecución sin autorización urbanística autonómica durante este año y ha investigado 124 ilegalidades en suelo rústico provincial. Asimismo, el organismo autonómico resolvió en el mismo periodo 34 expedientes de reposición de la legalidad urbanística por irregularidades, siendo la provincia gallega con la cifra más baja de este tipo de expedientes (160 en total).
Por municipios, el de Coles es que el ha aglutinado un mayor número de expedientes (seis finalizados y uno iniciado). Según el alcalde, Manuel Rodríguez, la labor de la Axencia comenzó porque 'houbo unha persoa que denunciou moitísimos casos' pero puntualiza que la situación es 'subsanable na maioría deles'. Así, la irregularidad que más se repetía en Coles era la construcción de viviendas en suelo rústico, por lo que Rodríguez cree que será posible reconducir la situación y legalizar estas viviendas (según la última normativa aprobada en mayo) aunque queden fuera de ordenanza.
Al margen de Coles, el organismo gallego resolvió otros cinco expedientes urbanísticos en Xinzo, dos en Ourense, Petín, Pereiro de Aguiar, Baños de Molgas y San Amaro y uno en Beariz, Entrimo, Gomesende, Maceda, Montederramo, Monterrei, Padrenda, Piñor, Ribadavia, Taboadela y Vilariño de Conso.
DEMOLICIONES
Del mismo modo, ordenó dos demoliciones en la provincia, de las 30 efectuadas en Galicia. La primera de ellas tuvo lugar el pasado mes de marzo en Vilamarín y afectó a una vivienda unifamiliar construida en terreno rústico de protección ordinaria (se trata de una infracción urbanística muy grave), mientras que la segunda ocurrió en Castro Caldelas, en mayo, y consistió en el derribo de un almacén que estaba en suelo protegido de espacio libre.
Al margen de Coles, el organismo gallego resolvió otros cinco expedientes urbanísticos en Xinzo, dos en Ourense, Petín, Pereiro de Aguiar, Baños de Molgas y San Amaro y uno en Beariz, Entrimo, Gomesende, Maceda, Montederramo, Monterrei, Padrenda, Piñor, Ribadavia, Taboadela y Vilariño de Conso.
DEMOLICIONES
Del mismo modo, ordenó dos demoliciones en la provincia, de las 30 efectuadas en Galicia. La primera de ellas tuvo lugar el pasado mes de marzo en Vilamarín y afectó a una vivienda unifamiliar construida en terreno rústico de protección ordinaria (se trata de una infracción urbanística muy grave), mientras que la segunda ocurrió en Castro Caldelas, en mayo, y consistió en el derribo de un almacén que estaba en suelo protegido de espacio libre.
