El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante indicó que "el mercado del alquiler ha aumentado diez puntos en España desde el 9% de 2007 por un cambio de mentalidad provocado por la crisis inmobiliaria"
Vicente Magro Servet, presidente de la Audiencia Provincial de Alicante desde 2001, imparte esta tarde (19,30) en el Liceo una conferencia sobre los cambios normativos en arrendamientos urbanos. "El mercado del alquiler ha aumentado diez puntos en España desde el 9% de 2007 por un cambio de mentalidad provocado por la crisis inmobiliaria, pero esa mentalidad puede volver atrás en cuanto la economía se recupere", explica antes de advertir que la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) de 2014 contribuirá a apuntalar "hacer más atractivo el mercado arrendaticio que el de la compra de vivienda".
¿En qué mejora la LAU las condiciones para el arrendatario?
En que si uno se arrepiente y quiere dejar el piso, puede hacerlo a partir de los seis meses; antes el plazo era de un año. El desistimiento se hace sin costes. Además, ahora puede pactar con el propietario una mejora en la conservación de la vivienda. La paga y deduce el importe de la renta que paga de alquiler.
¿Y para el arrendador?
Pues que se reduce la prórroga obligatoria del contrato de cinco a tres años. También mejora las posibilidades de comunicación entre arrendador y arrendatario introduciendo en el contrato un correo electrónico. Y una de las novedades más importantes, que permite agilizar y hacer más económica la resolución de conflictos, es la mediación.
¿Contribuye la nueva ley a promover el alquiler como solución a la necesidad de vivienda?
Sí, la reforma legal hace que sea más atractivo el alquiler y lo promueve. Permite que la mentalidad vaya cambiando, que el arrendatario vea mucho más atractivo arrendar, que el propietario pierda el miedo a poner pisos en alquiler porque era muy complicado echar a un inquilino que llevaba meses sin pagar. Lo que no es justo es que el arrendador sea el que asuma la obligación constitucional del derecho a que todos disfrutemos de una vivienda digna.
¿Se cambia la ley por el crac inmobiliario?, ¿por qué no se cambió antes?
Se cambia por la crisis y también porque se detectaron varios preceptos que eran incorrectos o estaban anticuados. Por ejemplo, ahora mismo es obligatoria la inscripción del contrato en el Registro. Hay un descontrol tremendo, no se sabe cuántas viviendas hay alquiladas. Ahora, si no se inscribe ese contrato, para la Administración es como si ese contrato no existiera. El artículo 7 de la LAU contribuirá a conseguir que se pague a Hacienda por la obtención de ingresos derivados del alquiler. El Estado tiene derecho a cobrar el IVA o el incremento del IRPF correspondiente. El mercado negro del alquiler debe aflorar en beneficio del país.
¿Se ha acabado el problema de los desahucios o sólo ha desaparecido de la agenda pública?
Poco a poco se ha hecho una legislación acorde con las necesidades de muchas personas. Se están concediendo moratorias por parte de las entidades bancarias, daciones en pago, prórrogas en los plazos... Y las Administraciones están buscando fórmulas para reubicar a los afectados, están negociando con los bancos e incluso sancionando que haya viviendas vacías. Creo que las entidades bancarias han cambiado su mentalidad, se dieron cuenta de una realidad social preocupante y por lo menos se han sentado con los ciudadanos que no podían pagar su hipoteca.
Usted es también experto en violencia de género. En este ámbito, ¿están resultando eficaces las leyes?
En el último año se han aprobado hasta cinco leyes que han permitido mejorar la lucha contra la violencia de género. Se ha introducido la pena de prisión permanente revisable para quien haya asesinado a dos personas. Se pone mayor acento en detectar el riesgo e incrementar las medidas de protección. Ahora tenemos que mejorar en la información. Hay que comunicar todos estos avances a las víctimas, porque hemos hecho unas buenas leyes, pero estas mejoras tienen que conocerse.
