La Xunta dispone de tres meses para demoler el polideportivo próximo al monasterio
El Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) ha ordenado a la Xunta que ejecute la sentencia de derribo del polideportivo de Melón (Ourense), advirtiendo que no se admitirán más recursos. La primera orden de demolición correspondió en 2005 al entonces director xeral de Urbanismo y, desde entonces, se han ido sucediendo denuncias y recursos sobre esta cuestión, que incluyeron una sentencia del Tribunal Supremo en 2010, ordenando la inhabilitación para cargo público del entonces alcalde, Alberto Pardellas, durante ocho años y una multa de 120.000 euros por no paralizar las obras del polideportivo, que fue construido dentro del radio de protección de un monasterio con categoría de Bien de Interés Cultural. Esta última sentencia, de febrero de este año, resuelve el recurso presentado por dos vecinos contra el fallo del contencioso-administrativo de Ourense, de febrero de 2014.
Según recuerda la última sentencia del TSXG, la Xunta "declaró ilegalizable -en septiembre de 2005- la edificación del polideportivo al estar en las proximidades del monasterio de Santa María de Melón, y acordó su demolición. Sin embargo, esta orden no fue materialmente ejecutada, pese a haberse confirmado por sentencia del TSXG de 2008, que desestimó la impugnación del ayuntamiento.
El Concello alegó entonces que no podía ejecutar la sentencia y el fallo del tribunal gallego lo condenó a la "ejecución material de dicha demolición en aquel lugar y con reposición del entorno a su estado preexistente, en un plazo no superior a tres meses, computados desde la notificación de la sentencia firme". La sentencia firme acaba de ser dictada durante el pasado mes de febrero y la APLU (Axencia de protección da legalidade urbanística) tiene ahora tres meses para ejecutar la demolición.
El abogado de los denunciantes, Javier Calvo Salve, declaró que no tiene constancia de casos anteriores en los que la Justicia ordene la demolición de un inmueble construido ilegalmente por un ayuntamiento, sin posibilidad de recurso. n
