El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio un plazo máximo de dos meses al Departamento de Enseñanza para que adapte su sistema educativo con el fin de implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, junto al catalán. El auto del TSJC fija un límite para que la Generalitat cumpla la sentencia de diciembre pasado, en la que el Tribunal Supremo estableció que el castellano debe ser lengua vehicular en las escuelas igual que el catalán.
La sentencia del Supremo, cuya ejecución corresponde ahora al TSJC, apremiaba a la Generalitat a adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña. El pasado junio, el alto tribunal catalán requirió al Departamento de Educación que le informara en e diez días de las concretas medidas que adoptó para cumplir la sentencia del Supremo.
La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, envió entonces al TSJC un escrito con datos estadísticos sobre el uso de las lenguas en la educación que concluía que para 'garantizar la exigencia legal del dominio de las dos lenguas oficiales' al finalizar la enseñanza secundaria, es necesario continuar con el actual sistema y que el estado de normalización lingüística de la sociedad catalana no permite cambiar el modelo educativo actual.
CONSECUENCIAS LEGALES
Para el TSJC, dicho escrito 'resulta insuficiente' para considerar cumplido el fallo del Supremo, por lo que instó a la Generalitat a aplicarlo y le concedió dos meses dada la 'complejidad' que supone adaptar su sistema educativo a la sentencia. El auto advierte de las 'consecuencias legales' que puede suponer el incumplimiento de este auto.
De hecho, la ley prevé desde la imposición de multas hasta la apertura de diligencias penales a los que impidan la ejecución de una sentencia. La resolución de la sala contencioso-administrativa del TSJC puede ser recurrible, pero su impugnación no suspendería la ejecución de la sentencia a no ser que el tribunal así lo acordara, a instancia de alguna de las partes.
La consellera de Educación, Irene Rigau, aseguró ayer que la Generalitat presentará un recurso contra el auto y se mostró convencida de que no será necesario cambiar el actual modelo.
Rigau informó de las medidas que adoptará la Generalitat para no tener que aplicar este cambio de modelo y que tendrá como principal base este recurso 'desde el respeto institucional', que la administración catalana deberá presentar antes del 6 de septiembre.
La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, envió entonces al TSJC un escrito con datos estadísticos sobre el uso de las lenguas en la educación que concluía que para 'garantizar la exigencia legal del dominio de las dos lenguas oficiales' al finalizar la enseñanza secundaria, es necesario continuar con el actual sistema y que el estado de normalización lingüística de la sociedad catalana no permite cambiar el modelo educativo actual.
CONSECUENCIAS LEGALES
Para el TSJC, dicho escrito 'resulta insuficiente' para considerar cumplido el fallo del Supremo, por lo que instó a la Generalitat a aplicarlo y le concedió dos meses dada la 'complejidad' que supone adaptar su sistema educativo a la sentencia. El auto advierte de las 'consecuencias legales' que puede suponer el incumplimiento de este auto.
De hecho, la ley prevé desde la imposición de multas hasta la apertura de diligencias penales a los que impidan la ejecución de una sentencia. La resolución de la sala contencioso-administrativa del TSJC puede ser recurrible, pero su impugnación no suspendería la ejecución de la sentencia a no ser que el tribunal así lo acordara, a instancia de alguna de las partes.
La consellera de Educación, Irene Rigau, aseguró ayer que la Generalitat presentará un recurso contra el auto y se mostró convencida de que no será necesario cambiar el actual modelo.
Rigau informó de las medidas que adoptará la Generalitat para no tener que aplicar este cambio de modelo y que tendrá como principal base este recurso 'desde el respeto institucional', que la administración catalana deberá presentar antes del 6 de septiembre.
