Unas cincuenta empresas quieren conseguir licencia para ofrecer legalmente juegos por Internet, la mayoría de ellas operadoras que ya ofrecían esas apuestas desde la situación de alegalidad que impera en España desde hace años, pero también compañías de comunicaciones, de telefonía móvil o sitios web.
El Gobierno ultima el armazón legal que acabará de regular este sector -tras la aprobación de la Ley del Juego el pasado mes de mayo- y a mediados de mes podría estar abierta la convocatoria para que las empresas soliciten licencia para ofertar ese tipo de apuestas, con la intención de que las primeras autorizaciones estén listas durante los primeros días de diciembre.
Con esos plazos en el horizonte trabajan las empresas de un sector que ha crecido durante los últimos años hasta facturar el pasado año unos 10.000 millones de euros y generar beneficios a las empresas que ofrecen ese tipo de apuestas de unos 350 millones de euros anuales, según datos del sector.
Los dos sectores más directamente involucrados en esta nueva regulación, el del juego tradicional o presencial (como bingos o casinos) y el del juego online, advirtieron sin embargo de los riesgos de acelerar el proceso y de que se adopten soluciones que puedan resultar precipitadas, ya que este trámite final de ordenación va a estar a caballo entre dos legislaturas y pudiera resultar viciado -mantienen- por las elecciones del 20 de noviembre.
MUCHA PRISA Y ESCASO REPOSO
Rafael Catalá, secretario general del grupo Codere, una multinacional española que cotiza en la Bolsa de Madrid y que emplea a unas 20.000 personas, opinó al respecto que la Ley del Juego fue tramitada 'con mucha prisa y escaso reposo', y ahora los decretos y las órdenes ministeriales que completan su desarrollo se van a aprobar en un plazo 'aceleradísimo'. Catalá expresó su preocupación porque las prisas en aprobar tres reales decretos, once órdenes ministeriales y en resolver decenas de licencias pueden derivar en 'errores', y porque cree que la administración no va a disponer del tiempo suficiente para comprobar que todas las empresas que van a pedir licencia tienen la suficiente cualificación para operar en este sector con plenas garantías para los usuarios de este tipo de juegos y apuestas.
'Sería muy peligroso que el resultado final de este proceso sea que convivan muchos operadores con poca cualificación', dice Catalá, y advierte, además, en contraste con esa celeridad y esas prisas, de la lentitud con que se resuelve el trámite administrativo para abrir un local de juego presencial en cualquier lugar de España. Para el dirigente de Codere, 'una cosa es tener una administración ágil y otra es despachar en quince días cincuenta licencias', y a su juicio los operadores de juego online han disfrutado durante muchos años de privilegios, 'durante los que han operado sin licencia y no han pagado impuestos'. Además, Catalá recordó la lucha de intereses en este campo entre las empresas tradicionales y las online.
Con esos plazos en el horizonte trabajan las empresas de un sector que ha crecido durante los últimos años hasta facturar el pasado año unos 10.000 millones de euros y generar beneficios a las empresas que ofrecen ese tipo de apuestas de unos 350 millones de euros anuales, según datos del sector.
Los dos sectores más directamente involucrados en esta nueva regulación, el del juego tradicional o presencial (como bingos o casinos) y el del juego online, advirtieron sin embargo de los riesgos de acelerar el proceso y de que se adopten soluciones que puedan resultar precipitadas, ya que este trámite final de ordenación va a estar a caballo entre dos legislaturas y pudiera resultar viciado -mantienen- por las elecciones del 20 de noviembre.
MUCHA PRISA Y ESCASO REPOSO
Rafael Catalá, secretario general del grupo Codere, una multinacional española que cotiza en la Bolsa de Madrid y que emplea a unas 20.000 personas, opinó al respecto que la Ley del Juego fue tramitada 'con mucha prisa y escaso reposo', y ahora los decretos y las órdenes ministeriales que completan su desarrollo se van a aprobar en un plazo 'aceleradísimo'. Catalá expresó su preocupación porque las prisas en aprobar tres reales decretos, once órdenes ministeriales y en resolver decenas de licencias pueden derivar en 'errores', y porque cree que la administración no va a disponer del tiempo suficiente para comprobar que todas las empresas que van a pedir licencia tienen la suficiente cualificación para operar en este sector con plenas garantías para los usuarios de este tipo de juegos y apuestas.
'Sería muy peligroso que el resultado final de este proceso sea que convivan muchos operadores con poca cualificación', dice Catalá, y advierte, además, en contraste con esa celeridad y esas prisas, de la lentitud con que se resuelve el trámite administrativo para abrir un local de juego presencial en cualquier lugar de España. Para el dirigente de Codere, 'una cosa es tener una administración ágil y otra es despachar en quince días cincuenta licencias', y a su juicio los operadores de juego online han disfrutado durante muchos años de privilegios, 'durante los que han operado sin licencia y no han pagado impuestos'. Además, Catalá recordó la lucha de intereses en este campo entre las empresas tradicionales y las online.
