El Tribunal Supremo confirma una sentencia que condenó a un hombre a indemnizar a un vecino con 300 euros por instalar unas cámaras de seguridad en su vivienda -con unos potentes focos de luz para grabar de noche- con las que filmaba y grababa las entradas y salidas de la casa colindante.
Las cámaras eran para vigilar el acceso principal a la vivienda del recurrente -una edificación lujosa en una zona aislada de Tenerife- y podían apreciarse los accesos a un lateral de la edificación vecina, en concreto a tres puertas.
