Los ginecólogos gallegos creen que el proyecto de Ley del Aborto debe aclarar si la despenalización lleva implícito que sea la sanidad pública la que asuma las intervenciones pues, en ese caso, las comunidades autónomas deberán tener instalaciones de las que hoy carecen, dijo el coordinador del Plan gallego de Salud Integral de la mujer, José Luis Doval.
Doval es además el jefe del servicio de Ginecología del Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU) y explicó que si finalmente se obliga a las CCAA a que su red pública asuma los abortos 'habrá que crear infraestructuras adecuadas para atender en tiempo el número real de abortos o entablar conciertos con clínicas privadas'.
Este médico explicó que esa solución de conciertos sería análoga a la situación actual para las hernias y varices, cuyas intervenciones están concertadas en centros privados aunque es la sanidad pública la que las costea.
Pero entonces habría que tener en cuenta, según Doval, que en Galicia las clínicas privadas sólo están autorizadas a practicar abortos en embarazos de 12 semanas o menos mientras que el nuevo proyecto de ley lo contempla hasta los 22 meses.
Añadió que el CHOU fue el único centro hospitalario público gallego en el que se practicaron abortos desde que existió la primera Ley reguladora 'aunque pocos pues de los 300-400 que se pueden producir en la provincia, sólo hicimos el 9 por ciento y ahora ya todos los hospitales, salvo Salnés, Ferrol y O Barco los hacen'.
Se refirió a la polémica creada porque el proyecto de Ley incluye que las jóvenes de 16 a 18 años no tienen que contar con la autorización de sus padres para abortar y Doval señaló que realmente la decisión corresponde a las mujeres tras recordar que los datos gallegos de 2007 indican que abortaron 400 jóvenes de menos de 19 años.
'De ellas, 47 lo hicieron en Ourense y no vi ningún caso en el que los padres no apoyasen la decisión de su hija', concretó.
Según Doval, poner la decisión en manos de las jóvenes 'hace que los médicos dejen definitivamente de tutelar a las mujeres' cuya capacidad de decisión en el ámbito sanitario quedó regulada por la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002, que determinó la mayoría de edad sanitaria a los 16 años, excepto para la donación de órganos, abortos y reproducción asistida, según explicó.
Explicó que la tasa de abortos de Galicia es la más baja de España, después de la de Ceuta y Melilla -donde hubo 3,46 abortos por cada mil mujeres- ya que se registraron 4,51 abortos por cada mil gallegas de edad comprendida entre 15 y 44 años, mientras que la media estatal es de 11,49 abortos por cada mil mujeres y Madrid registra una tasa de 16 abortos por cada mil mujeres.
Entre los avances de la futura Ley, según Doval, está que 'por fin regule una cuestión que hasta ahora no lo estaba' y que es la de los casos en los que se detectan malformaciones en el feto después de la semana 22 pues se crearán comités autonómicos para autorizar el aborto en estos casos que, según estimaciones de clínicas abortistas de toda España, son más de 5.000 cada año.
La futura ley también aportará garantías jurídicas tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios.
Doval se refirió también al debate en el que la iglesia católica considera la píldora postcoital o 'del día después' como abortiva y a las críticas por su dispensación sin receta y señaló que la venta libre de esa píldora es algo reclamado por la Asociación Española de Contracepción -que él presidió y asocia a 400 ginecólogos- desde hace 7 años 'pues tenemos la convicción científica de que no es abortiva'.
Y fuera del debate científico recordó que estamos en un Estado laico con Leyes para todos 'y cada uno según su conciencia religiosa y ética personal toma su decisión libremente pues nadie obliga a nadie a abortar sino que se brinda ese derecho', concluyó.
Este médico explicó que esa solución de conciertos sería análoga a la situación actual para las hernias y varices, cuyas intervenciones están concertadas en centros privados aunque es la sanidad pública la que las costea.
Pero entonces habría que tener en cuenta, según Doval, que en Galicia las clínicas privadas sólo están autorizadas a practicar abortos en embarazos de 12 semanas o menos mientras que el nuevo proyecto de ley lo contempla hasta los 22 meses.
Añadió que el CHOU fue el único centro hospitalario público gallego en el que se practicaron abortos desde que existió la primera Ley reguladora 'aunque pocos pues de los 300-400 que se pueden producir en la provincia, sólo hicimos el 9 por ciento y ahora ya todos los hospitales, salvo Salnés, Ferrol y O Barco los hacen'.
Se refirió a la polémica creada porque el proyecto de Ley incluye que las jóvenes de 16 a 18 años no tienen que contar con la autorización de sus padres para abortar y Doval señaló que realmente la decisión corresponde a las mujeres tras recordar que los datos gallegos de 2007 indican que abortaron 400 jóvenes de menos de 19 años.
'De ellas, 47 lo hicieron en Ourense y no vi ningún caso en el que los padres no apoyasen la decisión de su hija', concretó.
Según Doval, poner la decisión en manos de las jóvenes 'hace que los médicos dejen definitivamente de tutelar a las mujeres' cuya capacidad de decisión en el ámbito sanitario quedó regulada por la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002, que determinó la mayoría de edad sanitaria a los 16 años, excepto para la donación de órganos, abortos y reproducción asistida, según explicó.
Explicó que la tasa de abortos de Galicia es la más baja de España, después de la de Ceuta y Melilla -donde hubo 3,46 abortos por cada mil mujeres- ya que se registraron 4,51 abortos por cada mil gallegas de edad comprendida entre 15 y 44 años, mientras que la media estatal es de 11,49 abortos por cada mil mujeres y Madrid registra una tasa de 16 abortos por cada mil mujeres.
Entre los avances de la futura Ley, según Doval, está que 'por fin regule una cuestión que hasta ahora no lo estaba' y que es la de los casos en los que se detectan malformaciones en el feto después de la semana 22 pues se crearán comités autonómicos para autorizar el aborto en estos casos que, según estimaciones de clínicas abortistas de toda España, son más de 5.000 cada año.
La futura ley también aportará garantías jurídicas tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios.
Doval se refirió también al debate en el que la iglesia católica considera la píldora postcoital o 'del día después' como abortiva y a las críticas por su dispensación sin receta y señaló que la venta libre de esa píldora es algo reclamado por la Asociación Española de Contracepción -que él presidió y asocia a 400 ginecólogos- desde hace 7 años 'pues tenemos la convicción científica de que no es abortiva'.
Y fuera del debate científico recordó que estamos en un Estado laico con Leyes para todos 'y cada uno según su conciencia religiosa y ética personal toma su decisión libremente pues nadie obliga a nadie a abortar sino que se brinda ese derecho', concluyó.
