El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, una modificación parcial y urgente que, según el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, se debatirá a partir de ahora con los sectores afectados. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Wert dijo que este proyecto, que modifica los aspectos de la ley cuya modificación se consideran más urgentes, anuncia 'una reforma de más calado e integral' que se acometerá esta legislatura.
La reforma presentada ayer se dirige a tres frentes: un mayor control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual por parte de la Administración, un refuerzo de las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual en la lucha contra la piratería y una revisión del concepto legal de copia privada.
Según Wert, uno de los principales avances de este anteproyecto es la distinción que hace 'entre las situaciones en las que hay deliberadamente un uso ilícito lucrativo de la tecnología para vulnerar los derechos de la propiedad intelectual de aquellos recursos de la sociedad de la información que en ningún caso basan su actividad o modelo de negocio en violentar esos derechos'.
RÉGIMEN SANCIONADOR
La regulación propuesta por el Gobierno concreta un régimen sancionador tanto para las entidades de gestión que no cumplan con las obligaciones que señale la norma como para las páginas web que reiteradamente incumplan los requerimientos de retirada de aquellos contenidos ilegales que atenten contra la propiedad intelectual. En el caso de las entidades de gestión, las sanciones administrativas pueden llegar a una multa por importe del 2 por ciento de su recaudación en el ejercicio anterior mientras que para las páginas con contenidos ilegales se prevén cantidades que van desde los 30.000 a los 300.000 euros.
La reforma pretende también reforzar la eficacia de los mecanismos de la Comisión de Propiedad Intelectual, que recientemente cumplió un año, en los procedimientos abiertos frente a las demandas interpuestas por los titulares de derechos que consideran que sus obras están siendo utilizadas sin su permiso en internet. Así, se contempla que la Comisión pueda requerir a las empresas que tengan publicidad en páginas con contenidos ilegales que retiren sus anuncios, así como a las empresas de pagos electrónicos que interrumpan sus servicios.
El texto normativo dotaría a la Comisión de una mayor capacidad para actuar frente a las páginas de enlace o prestadoras de servicios que contienen listados amplios con contenidos ilegales. Para agilizar los procedimientos que se inician en la Comisión (en la actualidad hay más de 80 en investigación), el texto aprobado incluye un tablón de anuncios electrónico para que las páginas denunciadas, que en la mayoría de los casos están alojadas en el extranjero, puedan ser notificadas.
El anteproyecto incluye también una reforma del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para facilitar el acceso de los titulares de derechos a los procedimientos civiles ya que hasta ahora debían de identificar previamente al presunto vulnerador.
Según Wert, uno de los principales avances de este anteproyecto es la distinción que hace 'entre las situaciones en las que hay deliberadamente un uso ilícito lucrativo de la tecnología para vulnerar los derechos de la propiedad intelectual de aquellos recursos de la sociedad de la información que en ningún caso basan su actividad o modelo de negocio en violentar esos derechos'.
RÉGIMEN SANCIONADOR
La regulación propuesta por el Gobierno concreta un régimen sancionador tanto para las entidades de gestión que no cumplan con las obligaciones que señale la norma como para las páginas web que reiteradamente incumplan los requerimientos de retirada de aquellos contenidos ilegales que atenten contra la propiedad intelectual. En el caso de las entidades de gestión, las sanciones administrativas pueden llegar a una multa por importe del 2 por ciento de su recaudación en el ejercicio anterior mientras que para las páginas con contenidos ilegales se prevén cantidades que van desde los 30.000 a los 300.000 euros.
La reforma pretende también reforzar la eficacia de los mecanismos de la Comisión de Propiedad Intelectual, que recientemente cumplió un año, en los procedimientos abiertos frente a las demandas interpuestas por los titulares de derechos que consideran que sus obras están siendo utilizadas sin su permiso en internet. Así, se contempla que la Comisión pueda requerir a las empresas que tengan publicidad en páginas con contenidos ilegales que retiren sus anuncios, así como a las empresas de pagos electrónicos que interrumpan sus servicios.
El texto normativo dotaría a la Comisión de una mayor capacidad para actuar frente a las páginas de enlace o prestadoras de servicios que contienen listados amplios con contenidos ilegales. Para agilizar los procedimientos que se inician en la Comisión (en la actualidad hay más de 80 en investigación), el texto aprobado incluye un tablón de anuncios electrónico para que las páginas denunciadas, que en la mayoría de los casos están alojadas en el extranjero, puedan ser notificadas.
El anteproyecto incluye también una reforma del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para facilitar el acceso de los titulares de derechos a los procedimientos civiles ya que hasta ahora debían de identificar previamente al presunto vulnerador.
