El Vaticano se presentó ante el Comité de la ONU contra la Tortura argumentando que, desde el punto de vista legal, carece de jurisdicción -y, por tanto, de responsabilidad- sobre los miembros del clero que puedan haber cometido delitos diversos, como abusos sexuales de menores.
"La Santa Sede desea reiterar que las personas que viven en un país están bajo la jurisdicción de las autoridades de ese país y sometidas a sus leyes nacionales", declaró en la comparecencia de el representante del Vaticano ante la ONU en Ginebra, Silvano Tomasi.
En su intervención el representante vaticano, alegó que la Santa Sede "ha cumplido de buena fe con las obligaciones asumidas bajo la Convención contra la Tortura, integrando sus valores y principios en la legislación de la Ciudad del Vaticano".
Esta argumentación fue rechazada de plano por la relatora del comité, Felice Gaer, quien declaró que "causa preocupación porque sugiere que (el Vaticano) cree que la convención se aplica sólo a sus cuatro esquinas y a los que están dentro". De igual manera, objetó la pretensión del Vaticano de excluir a sus funcionarios en el exterior de la responsabilidad que les atañe en con los tratados internacionales.
De todas formas, al término de la primera parte de la audiencia, Tomasi reconoció que la Iglesia todavía debe terminar de "hacer su propia limpieza dentro de la casa", Tomasi dijo que está documentado que los casos de pederastia están en declive y que éste es el resultado de "las medidas adoptadas en los diez últimos años por la Santa Sede y las iglesias a nivel local".
