El Gobierno aprobará a principios de septiembre el proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición, que entre otros aspectos limitará la venta de productos alimenticios en los colegios cuando no cumplan determinados criterios saludables.
Así lo anunció la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en una entrevista, en que analizó los retos de su departamento para el tramo final de la legislatura, y en la que insistió en que no se planea abandonar 'de inmediato' el ministerio si resulta elegida candidata por el PSOE a la Comunidad de Madrid. Entre esos retos citó la ley de seguridad alimentaria, que prevé mecanismos para reforzar la coordinación en esta materia con las comunidades autónomas con el fin de mejorar el control de la calidad y la seguridad de los alimentos, y que incidirá en aspectos como la nutrición infantil y la calidad de vida.
Trinidad Jiménez explicó que el nuevo texto incide también en los códigos de autorregulación del sector que ya se han implantado durante los últimos años y en que se definirán los límites a la publicidad que perciben los niños sobre determinados alimentos o los límites de determinados componentes en las escuelas, para evitar que los niños hagan un consumo abusivo de un determinado tipo de productos.
Respecto a la posibilidad de acudir a mecanismos extraordinarios, como el 'copago', para financiar determinados servicios sanitarios, la ministra lo ha descartado, y asegura que una opción de estas características no es 'equilibrada, justa ni eficiente', porque la cantidad de dinero que se recaudaría sería 'muy pequeña' para el fin que se pretende, el de asegurar la sostenibilidad del sistema nacional de salud.
Trinidad Jiménez explicó que el nuevo texto incide también en los códigos de autorregulación del sector que ya se han implantado durante los últimos años y en que se definirán los límites a la publicidad que perciben los niños sobre determinados alimentos o los límites de determinados componentes en las escuelas, para evitar que los niños hagan un consumo abusivo de un determinado tipo de productos.
Respecto a la posibilidad de acudir a mecanismos extraordinarios, como el 'copago', para financiar determinados servicios sanitarios, la ministra lo ha descartado, y asegura que una opción de estas características no es 'equilibrada, justa ni eficiente', porque la cantidad de dinero que se recaudaría sería 'muy pequeña' para el fin que se pretende, el de asegurar la sostenibilidad del sistema nacional de salud.
