La organización de consumidores Facua ha denunciado a once compañías de contenidos para móviles ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi), el Instituto Nacional del Consumo y las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas donde están ubicadas las firmas por prácticas abusivas, informó la asociación, que destacó los precios desproporcionados de descarga.
En este sentido, Facua explicó que el precio por enviar tres SMS y conectarse a Internet para descargase una melodía cuesta hasta 6,38 euros, mientras que un juego con cinco mensajes llega a alcanzar los 9,86 euros. Asimismo, los servicios de suscripción por recibir los mensajes invitando a los usuarios a realizar descargas cuestan entre 13,92 y 21,58 euros mensuales.
La organización explicó que de las once compañías encuestadas, cinco ofrecen servicios de suscripción -Flycell, Dada, Jamba, MyBip y Dindo--, otras cuatro ofertan descargas individuales de sonidos, textos, imágenes, vídeos y juegos --Movisexy, Interbusca, Olemovil y Divertimovil--, mientras que Movilisto y Club Zed disponen de ambas opciones.
Se trata de un sector plagado de abusos que mueve miles de millones de euros cada año y cuya regulación sigue pendiente de que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio apruebe un código de conducta, enfatizó la organización.
Facua explicó que generalmente para realizar una descarga las compañías imponen el envío de entre dos y cinco SMS, algo que en muchos casos no aclaran y añadió que nunca informan del precio total de cada contenido.
Las que ofertan servicios de suscripción no indican cuánto tendrá que abonar el usuario al mes por todos los mensajes recibidos, añadió Facua que apuntó que de esta forma las firmas vulneran la obligación de indicar el precio final completo recogida en el artículo 60 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Además, Facua indicó que también incumplen el punto 2 de la Resolución de 30 de diciembre de 2002 de la Setsi, que establece que el precio deberá expresarse claramente sin que el usuario necesite realizar ningún esfuerzo para su comprobación.
La asociación recordó que si bien el Ministerio de Industria aprobó hace más de un año una normativa para el sector de los SMS Premium, la mayor parte de su contenido todavía no está vigente a la espera de la elaboración de un código de conducta. Cuando éste se apruebe, para lo que no existe plazo, habrá que esperar cuatro meses más para que entre en vigor, apostilló Facua.
La organización explicó que de las once compañías encuestadas, cinco ofrecen servicios de suscripción -Flycell, Dada, Jamba, MyBip y Dindo--, otras cuatro ofertan descargas individuales de sonidos, textos, imágenes, vídeos y juegos --Movisexy, Interbusca, Olemovil y Divertimovil--, mientras que Movilisto y Club Zed disponen de ambas opciones.
Se trata de un sector plagado de abusos que mueve miles de millones de euros cada año y cuya regulación sigue pendiente de que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio apruebe un código de conducta, enfatizó la organización.
Facua explicó que generalmente para realizar una descarga las compañías imponen el envío de entre dos y cinco SMS, algo que en muchos casos no aclaran y añadió que nunca informan del precio total de cada contenido.
Las que ofertan servicios de suscripción no indican cuánto tendrá que abonar el usuario al mes por todos los mensajes recibidos, añadió Facua que apuntó que de esta forma las firmas vulneran la obligación de indicar el precio final completo recogida en el artículo 60 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Además, Facua indicó que también incumplen el punto 2 de la Resolución de 30 de diciembre de 2002 de la Setsi, que establece que el precio deberá expresarse claramente sin que el usuario necesite realizar ningún esfuerzo para su comprobación.
La asociación recordó que si bien el Ministerio de Industria aprobó hace más de un año una normativa para el sector de los SMS Premium, la mayor parte de su contenido todavía no está vigente a la espera de la elaboración de un código de conducta. Cuando éste se apruebe, para lo que no existe plazo, habrá que esperar cuatro meses más para que entre en vigor, apostilló Facua.
