La eliminación de los vertidos de aguas residuales en el municipio de Vilamartín se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza para el equipo de gobierno socialista. Mientras la oposición popular que encabeza Manuel Pinto Álvarez se queja de que “hay más de ocho vertidos directos a ríos y arroyos en varias localidades”, a las oficinas municipales no dejan de llegar multas de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Sus cuantías van desde los 600 hasta más de 1.000 euros y siempre son acompañadas de la obligación de reponer la legalidad. El alcalde, Enrique Álvarez Barreiro, explicó que el problema está en unas redes de conducción deficientes. “De pouco vale ir a un pobo e levantar tódalas infraestruturas, que é un coste bestial, se non chega a auga ás fosas sépticas”, comentó.
El alcalde apuntó que la solución del problema pasa por construir las tuberías que lleven las residuales a los lugares donde se van a levantar las fosas sépticas y después construirlas. “Non podemos facer unha fosa séptica á que non chega a auga”, dijo.
Pero el alcalde confiesa que el coste que entraña la renovación de las conducciones es inasumible para el Concello, por lo cual es imprescindible la ayuda de otras administraciones que, en estos momentos, parecen ser reacias a colaborar en su financiación.
En todo caso, el alcalde apunta que el problema no es exclusivo de Vilamartín y que vertidos similares también pueden encontrarse en otros muchos concellos. “Para a Confederación Hidrográfica parece que só existe Vilamartín. Estou agraviado porque parece que todo ven a Vilamartín”, afirmó.
Enrique Álvarez también se quejó de los criterios técnicos seguidos a la hora de multar al Concello. En este sentido, apuntó que en varias ocasiones, los expedientes recibidos en las dependencias municipales están fundamentados en la ejecución de obras cuyos proyectos habían sido aprobados por la propia Confederación Hidrográfica.
A modo de ejemplo citó el recurso que el Concello presentó contra una disposición que obliga a eliminar el desnivel de 20 centímetros que quedó tras construir un paso de agua bajo una carretera y cuyo proyecto había sido aprobado por el organismo responsable de la cuenca.
