Es de sospechar como más deseable que los militares entren en la política, una vez abandonada su condición de tales, que en cambio la política entre en los recintos militares; que eso es lo que a lo largo de los últimos decenios, más de cuatro, por supuesto, hemos visto que sucedía con mayor frecuencia.
La primera opción no es muy habitual, casi se diría que no lo es. Pero sería muy aportante. Serviría para algo que se ofrece como necesario y que alguien como yo, que carece de él en gran medida, sabe que es imprescindible en toda colectividad humana que se precie y valore. Algo que va unido a los valores éticos y al sentido de la disciplina y del rigor propio de los uniformados y que no es otra cosa más que el concepto de patria que ellos tienen y sirve, entre otras cosas, para cohesionar al conjunto de la ciudadanía en esa necesaria medida que la Historia le negó a la española en prácticamente los últimos cien años transcurridos.
A lo largo de esos últimos cien años, con más intensidad en algunas de sus décadas que en otras, los ejércitos, también la Iglesia, no la olvidemos, fueron más de un sector social y de una concepción política que de la sociedad en su conjunto. ¿Cuántos curas y militares vimos vestidos con la camisa azul falangista asomando por debajo de los cuellos de sus guerreras o de sus sotanas? Fue de ese modo como el patriotismo derivó en patrioterismo y como la identificación con los símbolos que siempre deben de ser comunes a la totalidad de la ciudadanía fueron disfrutados en exclusiva por quienes habían ganado una guerra civil y negados al resto.
A nadie le sorprendió nunca que los militares y los curas fuesen de derechas. Incluso se llegó a aceptar como una condición sine qua non para la práctica de la milicia o del sacerdocio. La bandera la defendían los militares, no la ciudadanía en su conjunto. A la ciudadanía que no fuese de derechas –de derecha nacional-católica, porque claro que había gente de derechas que no era franquista, incluso que era antifranquista, es decir antipatriota- le fue negada la condición de “buenos” españoles.
Siempre sucede así, en todos los ámbitos. Cuando la defensa de la lengua, la religión, la patria y los símbolos que la encarnan, también la cultura, recaen en una sola fuerza política la exclusión que el hecho lleva implícita genera disparates como los que estamos contemplando y que ejemplificaremos, primero y para que nadie se llame a engaño, en esa “desconexión democrática” que se nos anuncia como posible en Cataluña (desconexión democrática es un eufemismo de golpe de estado) y, segundo, en la virulenta reacción del gobierno ante el hecho de que un general del aire, ourensano de nación, para más datos, una vez solicitada su baja en el Ejército se haya incorporado a una opción política partidaria, legitima y legalmente constituida, en uso de sus derechos y del ejercicio de su libre voluntad.
Sería bueno, colectivamente higiénico y saludable, que la transformación habida en aquellos ejércitos nacionales de antaño, con más generales y almirantes que ventanas disponibles tenían sus respectivos ministerios, una gran parte de ellos de una incapacidad manifiesta y de una consumada impericia, una vez convertidos en vivero de profesionales de reconocida solvencia en los ámbitos internacionales, es decir, con el marchamo de ser profesionales serios y competentes, demócratas en mayoría, sería bueno, que una vez jubilados a edades tan tempranas como lo están siendo, participasen activamente en el juego político, desde las distintas opciones que la realidad ofrece, para sumar sus afanes a los del resto de los ciudadanos.
Como comprenderá el lector, sin necesidad incluso de haber estado muy atento, todo esto viene a cuento de la escandalera que, primero, sucedió a la decisión del general Julio Rodríguez Fernández y, a continuación, a la provocada por la reacción gubernamental dándolo de baja en el Ejército no porque él la hubiese solicitado sino porque había perdido la confianza del gobierno. Con que xentiña anda un ó mar!
¿Cuál es el perfil que le merece confianza al ejecutivo actual? En Francia, por poner un ejemplo cercano, el hecho de que un abogado sea reo de delito implica que no pueda vestir la toga para defenderse sino que por el contrario, su condición, constituye un agravante a la hora de dictarse la sentencia que pueda corresponderle. A nuestro ejecutivo le parece que los altos magistrados que conducen en estado de ebriedad y firman escritos con faltas de ortografía, tienen el perfil adecuado para ser merecedores de altas condecoraciones y espléndidos reconocimientos, en tal medida que deben presidir mesas en las que se juzguen delitos cometidos por gentes que pertenecen o pertenecieron a la misma adscripción política a la que ellos pertenecen o pertenecieron. Ónde iras boi que non ares!
Lo peor de todo es el desparpajo, incluso se diría que la insolencia y firmeza de los razonamientos en los que estas decisiones se amparan, como si estuviesen previamente dictadas por los dioses y ellos fuesen meros transmisores de los divinos designios. Países hay en los que la condición jurídica de un ciudadano implica sometimientos a la ley como la que, en párrafo anterior, se citaba como francesa y otros en los que la condición de militar significa un aval a la hora de adscribirse a una organización política partidista. Un ejemplo cercano y conocido es el de los Estados Unidos de America del Norte en donde no sería el primer general el que llegase a ocupar la presidencia de todos ellos.
Ojalá que el paso dado por el general Julio Rodríguez sirva de ejemplo y acicate para que, en las diversas opciones políticas legítima y legalmente constituidas en España cuenten entre sus afiliados con los más preclaros ejemplos de militares que, una vez abandonados los ejércitos a los que pertenecieron, decidieron entrar a formar parte integrantes de la ciudadanía más activa del país. Mejoraría mucho la condición de nuestra clase política, mejoraría el país y nos vendría bien a todos.
Ojalá también que la reacción de nuestro ejecutivo actual sea pronto olvidada pues no ayuda a mejorar nada y bastante necesitados estamos todos de mejoras que afecten a la ciudadanía en su conjunto y no sólo a una parte ínfima pero dominante de toda ella; es decir, a una concepción de patria que no comprende exactamente a todos, o al menos no lo haga en la medida que debiera y sería deseable.
