Era previsible que el ala comunista intervencionista del actual gobierno bipartito se impusiese a un PSOE que traga con todo con tal de seguir en el poder, a costa de lo que sea. ¿Cuántas modificaciones de la ley de arrendamientos quiere hacer este Gobierno? Porque ya lleva unas cuantas, y van por otra más en cuestión de semanas. Así lo ha manifestado el ministro Ábalos, el cual va a intervenir el libre mercado del alquiler vía real decreto. Pero eso sí, derivándole su ministerio la responsabilidad de tal menester a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, para que estos sean los ejecutores de imponer los límites máximos a los precios de las viviendas que se pongan en alquiler. Y para establecer estos límites se tomarán como referencia los precios medios del mercado que arroje el índice estatal de alquiler -cuestionado desde su inicio por opaco-. Y como primera llamada de atención quiero recordar la Ley de Arrendamientos Urbanos aprobada en 2019, que solo ha contribuido a retraer la oferta por parte de propietarios que no se sienten protegidos jurídicamente, y una ley hipotecaria que no ha contribuido en absoluto a reactivar el mercado de la vivienda, sino todo lo contrario.
Cuanta más inseguridad jurídica, cuanta más penalización e imposición al propietario, menos oferta de vivienda en alquiler saldrá al mercado. El precedente de la aprobación, hace unas semanas, del decreto de la Generalitat validado por el Parlament de Cataluña, el cual da cobertura y protección a la okupación, me genera una honda preocupación, porque este supuesto, ya realidad en Cataluña, se pueda exportar a Galicia en unos meses con partidos políticos afines, que los hay.
El decreto permite que una persona que okupe una vivienda afectada por dicho decreto (que pertenezca a una sociedad o a un particular con 15 o más viviendas) tendrá, al cabo de 6 meses, acceso a un contrato que será obligatorio para el propietario; si okupa una vivienda vacía, el inmueble no perderá la naturaleza de vacía y podría ser expropiada. Se crea así de facto una inseguridad jurídica total y aunque el decreto de manera inicial no incluye a pequeños propietarios puede pasar lo mismo que con el intento de intervención de la vivienda.
El sector de la vivienda no es un mercado persa, ni un participe del juego de tronos de ningún demagogo extremista de corte totalitario. Intentar intervenir el libre mercado de la vivienda es laminar la libertad de toda una sociedad. Y deberían calibrar las gravísimas consecuencias económicas, laborales y sociales de intervenirlo en España y consecuentemente también en Galicia. Provocar inseguridad jurídica total en la vivienda únicamente expoleara la especulación, los precios y aumentará la desigualdad social.
Considero muy grave y peligroso el decreto validado, que puede tener un efecto llamada para las personas, ya que en Cataluña okupar una vivienda no solo sale gratis, sino que está protegido desde ahora por las autoridades. Y en una comunidad como la nuestra, con el mayor porcentaje de viviendas vacías del conjunto de España y con una parte de sus propietarios residiendo fuera de nuestra comunidad, este precedente puede convertirse en una realidad en los próximos meses dependiendo del resultado electoral que arrojen las urnas.
