Si la corrupción es en sí misma una práctica detestable e inmoral, la practique quien la practique, cuando se añade el hecho no menor que quien se corrompe es un cargo público que supuestamente está en dicho cargo para servir al bien general y no a su bolsillo particular, la gravedad de esa conducta aumenta muchos grados. En nuestra vida pública se llevan produciendo desde hace bastantes años muchos casos de corrupción que lógicamente producen indignación en la opinión pública.
La lista de los casos de corrupción sería demasiado larga. Desde los tiempos ya lejanos del caso Filesa y la financiación del PSOE, pasando por el mas reciente del caso Gürtel que afecta de forma mas directa al PP -sobre todo en Valencia- o los ERE falsos en la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE. En las últimas semanas, la actualidad de los casos de corrupción se ha posado en Cataluña, aunque las sospechas de esas prácticas en las diferentes administraciones catalanas se remontan, como mínimo, a aquella famosa sesión en el Parlamento de Cataluña, cuando el entonces presidente de la Generalitat, el socialista Pasqual Maragall, le espetó al líder de la oposición, Artur Mas, la célebre frase: 'Señor Mas, su problema se llama el 3 por ciento', algo que dejó estupefactos a los presentes y ausentes por la contundencia y claridad de la acusación.
En Cataluña hay en estos momentos dos casos de corrupción por aclarar y sería bueno que las instancias judiciales se dieran prisa en depurar las responsabilidades a que hubiera lugar. Por un lado, están las ya muy conocidas acusaciones contenidas en un borrador de informe policial -sobre el que el Ministerio del Interior sigue sin confirmar oficialmente su existencia mientras que el principal sindicato policial, el SUP, se encarga de entregarlo a los medios de comunicación- que apuntan a la familia Pujol y a familiares de Artur Mas como titulares de cuentas en Suiza donde supuestamente habrían ido a parar dineros cobrados de comisiones ilegales desde la Generalitat. Transcurridos solo dos días de las elecciones celebradas el pasado domingo en Cataluña, se ha destapado otro posible caso de corrupción que en este caso afectaría al PSC: concretamente al Alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, acusado de cobrar comisiones ilegales y al número dos de los socialistas catalanes, Daniel Fernández, en este último caso por un delito de tráfico de influencias.
Como no se ataje con determinación y firmeza el estercolero de la corrupción, el clima se volverá irrespirable, si es que no lo es ya. No se puede pactar con esa situación. La justicia tiene que ser implacable con los corruptos, al mismo tiempo que los partidos políticos deberían tomar medidas preventivas más eficaces para que entre sus cargos públicos no se dieran prácticas corruptas.
