Hace pocos días se cumplieron tres años de la aprobación del Estatuto de Cataluña por consulta popular. El 31 de este mes hará tres años que el PP presentó su recurso sobre ciento catorce de sus doscientos veintitrés artículos, manifestando que se trataba de una Constitución paralela» que produciría daños irreparables. Pienso que los hombres de Rajoy tenían razón. Estamos viviendo días de tensión por culpa de las diferencias existentes en como repartir los dineros públicos. La financiación de España entre sus autonomías resulta dificultosa y los juegos malabares del señor presidente acabarán mostrando la imposibilidad de triunfar mediante la utilización del falso mercadeo. Es imposible gobernar mediante el cantinfleo. Hasta hoy, cerca de una veintena de los artículos recurridos han sido aplicados o desarrollados legalmente por la Generalitat, algo inadmisible en un real Estado serio y de Derecho. La, llamémosla, divertida Sra. Casas, presidenta del Constitucional, se refirió a la tardanza del tribunal en dirimir el recurso del PP, asegurando que los magistrados trabajan intensamente y sin interrupciones pero en la intimidad, de la misma forma que Aznar hablaba el catalán. Tres años son demasiados para resolver un recurso del que depende la organización institucional del Estado. No entiendo como el Tribunal Constitucional no ha concedido prioridad a este recurso y nadie sabe cuándo se producirá ese fallo tan esperado por los partidos y la opinión pública. El caos se ha consumado con la aprobación de la nueva ley educativa que se acaba de producir y que establece qué, la única lengua vehicular para la enseñanza es el catalán. El inmediato Consejo de Garantías Estatutarias representa otro grave atropello; es una especie de Tribunal Constitucional de Cataluña que decide sobre la legalidad de sus normas. Con todo, la cuestión más importante, a mi juicio, es la bilateralidad y el trato privilegiado que el Estatuto consagra para Cataluña en materia de financiación autonómica. Cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie puede haber un acuerdo de financiación entre la Generalitat y el Gobierno que sea definido por el TC como anticonstitucional. ¡Las cosas del ilustrísimo y docto señor Rodríguez Zapatero!
