Han tenido que pasar cinco años y superarse todo tipo de obstáculos políticos y judiciales para que el juez Ruz haya dado a conocer el auto de procesamiento contra tres altos cargos policiales por el caso Faisán. Desde un punto de vista democrático resulta repugnante leer con detalle como se realizó el famoso chivatazo para frustrar el desmantelamiento de la red de chantaje de ETA. Da igual que el asunto se produjera en plena tregua de ETA, como dicen algunos bienpensantes para minimizarlo. Lo esencial es que unos funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en lugar de cumplir con su deber, se pusieron del lado de los malos impidiendo que culminara la detención de quienes durante 20 años llevaban extorsionando a cientos de empresarios, con el llamado impuesto revolucionario.
El azar ha querido que el auto se conociera sólo 48 horas después de que Rubalcaba abandonara el ministerio dejándolo en manos de Antonio Camacho y, aunque ninguno de los dos ha sido imputado por el tema, sobre ambos se cierne una enorme sombra de sospecha. Es muy difícil de creer que una acción de esta naturaleza la pueda hacer la cúpula de interior, sin contar con la bendición de los máximos responsables y si así fue lo raro es que todos ellos no fueran cesados, de manera fulminante, por Rubalcaba cuando se inició este caso. Ya sabemos que en este país se desconoce el término 'responsabilidad política' y cuando las cosas pintan mal lo que se hace es mirar hacia otro lado y que sean otros los que se coman el marrón.
Recuerdo que en plena efervescencia del caso GAL le hice una entrevista al ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, en el que me dio este sugerente titular: 'Estoy dispuesto y preparado para comerme el marrón', dejando abierta la incógnita de si Felipe González era o no la famosa X de los GAL, cosa que nunca pudo probarse. Ahora la pregunta vuelve a ser la misma y la incógnita similar ¿quién es la X del Faisán? ¿quién por acción u omisión permitió que se produjera tal ignominia?
Quienes pretenden pasar página urgente de este asunto dicen que no hay nada nuevo bajo el sol, que los graves delitos que se les imputan a los tres procesados: revelación de secretos y colaboración con banda armada, son pelillos a la mar, una de esas cosas que se producen en las cloacas del Estado, que sería mejor no remover por si su hedor termina por ser apestoso para todos. Dicen que el Tribunal Supremo ya dejó claro en los casos de los GAL y Lasa y Zabala que ese delito sólo existe cuando el servicio que se presta a los terroristas persigue ayudarles a conseguir sus fines y afirman, con descaro, que en este caso lo que se perseguía era acabar con la violencia, por lo que hay una sutil diferencia. El argumento no tiene desperdicio y no resiste la mínima prueba del algodón teniendo en cuenta que ni la banda ETA se ha rendido, ni los del Ku Kus Klan se han quitado las capuchas, ni han entregado las armas, ni han hecho el mínimo gesto de arrepentimiento o pedido perdón a las víctimas.
Se mire por donde se mire, e independientemente de lo que en su día estimen los tribunales, con el chivatazo se pretendía favorecer a una banda terrorista y quienes lo protagonizaron adquirieron la condición de cómplices. Tanto el ex ministro Rubalcaba como el actual titular del departamento, Antonio Camacho, tiene motivos sobrados de preocupación, pero en el 'país de tocameroque', donde las responsabilidades políticas ni están ni se las espera, tal vez duerman a pierna suelta y sin valium.
