No hay petróleo, pues no lo hay, pero no es malo saberlo”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho de la necesidad virtud porque ya se sabía que había más de un 80% de probabilidades de que no se encontrara petróleo y gas a 3.000 metros de profundidad, o que el que se encontrara no tuviera la calidad suficiente para que mereciera la pena su explotación, como ha ocurrido, tanto en la prospección de Repsol llevada a cabo a sesenta kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura, como en las realizadas poco antes por Marruecos. El fiasco ha sido tal que la petrolera española ha renunciado a perforar en el segundo cuadrante asignado.
El hecho de que el barril de crudo se encuentre en los niveles más bajos desde hace diez años tiene una importancia menor que el coste de la extracción a la hora de abandonar la prospección, por cuanto el precio fluctúa y tarde o temprano acabará subiendo cuando crezca la demanda de los países emergentes y por tanto si se ha abandonado el proyecto –Repsol tiene que comunicar si de forma definitiva- es porque no resulta rentable en ninguna condición, por su escasa calidad y cantidad.
En un país de tan alta dependencia energética como el nuestro el hallazgo de petróleo hubiera supuesto un ahorro en la factura por este rubro, pero los riesgos inherentes a la explotación eran tantos para una comunidad autónoma que vive del monocultivo del turismo que se comprenden las reticencias de las autoridades canarias a las explotaciones de hidrocarburos, porque a pesar de las máximas medidas de seguridad adoptadas, el riesgo cero tampoco existe en este caso y el ejemplo de lo ocurrido en el Golfo de México hace cinco años con el vertido de la plataforma Deepwater Horizon no se pueden obviar.
La oposición de las autoridades canarias a las prospecciones no tenía un fondo político exclusivamente por el hecho de que el gobierno del archipiélago sea de distinto color del gobierno central. El gobierno de las Baleares es del PP y también se opone a las prospecciones que se van a llevar a cabo en las proximidades de sus islas, y en ambos casos los argumentos en contra son coincidentes.
Se da la circunstancia de que en Canarias la oposición a las prospecciones petrolíferas ha coincidido con el éxito del proyecto llevado a cabo en la isla de Hierro para proveer el consumo mediante de energías limpias, aunque es cierto que se trata de una población reducida.
Una vez comprobada la inexistencia de recursos fósiles se debe encarar con más afán la producción de energías renovables campo en el que España tiene una situación muy favorable tanto por las condiciones naturales como por la capacidad de las empresas nacionales, convertidas en multinacionales del sector. Y el desarrollo sería mucho mayor y la producción más abundante si se redujeran las trabas existentes a la generación individual de energías limpias y el lobby eléctrico no condicionara tanto la política energética.
Tras la decisión de Repsol, las declaraciones del subsecretario de Industria, Enrique Hernández Bento calificando de “batallitas” y “juguetito” la oposición de las autoridades canarias a las prospecciones, no han podido ser más inadecuadas: el gobierno canario ha tenido suerte de que la naturaleza se ha puesto de su parte.
