Las reacciones de partidos y de distintas organizaciones tras los atentados de París ponen de relieve la dificultad para que la defensa de los valores democráticos prevalezca en la lucha contra el terrorismo yihadista por encima de cualquier otra consideración. Tras cincuenta años de terrorismo etarra y uno de los atentados islamistas más graves sufridos en un país occidental, las instituciones españolas saben que los instrumentos para luchar contra el terrorismo son la colaboración internacional, las labores preventivas de los servicios de seguridad e inteligencia y la fortaleza democrática sin atajos y sin recortar derechos. Y por supuesto, no confundir a los terroristas que matan en nombre de una determinada forma de entender su religión con los miembros de una comunidad cuyos miembros no tienen nada que ver con ese tipo de acciones y que sufren los mismos problemas que el resto de la sociedad en la que se insertan y cuya solución evitaría la radicalización de muchos de ellos.
En el caso de España el recordatorio de que la lucha contra el terrorismo islamista no debe conllevar recortes de libertades viene acompañado de la existencia del pacto antiyihadista firmado entre el PP y el PSOE, convertido en un mecanismo político y judicial -empañado por la cadena perpetua y por ser solo un pacto a dos- para combatir los instrumentos de captación y adiestramiento de nuevos terroristas, o a los lobos solitarios retornados de Siria e Iraq. La decisión de Albert Rivera de sumar a Ciudadanos a este pacto es una buena noticia, mientras que tienen menos sentido las reticencias de Podemos e IU, porque sus temores a que se recorten derechos y libertades no se han hecho patentes por el momento.
Pero estas advertencias están también relacionadas con el temor a una mayor implicación militar de nuestro país en la lucha contra el terrorismo yihadista, en la que entra en contradicción la experiencia previa de la participación de España en Iraq y Afganistán, con el hecho de que desde ningún punto de vista se pueden permitir las masacres que perpetra Estado Islámico, la vulneración de los derechos humanos que lleva a cabo y la implantación de la dictadura religiosa en las zonas que caen bajo su control. Para ello se debe actuar diplomáticamente contra los países que financian al Califato y luego cortar todos sus canales de aprovisionamiento para lograr que tanto Iraq como Siria dejen de ser Estados fallidos y consigan unos estándares mínimos de democracia, además de resolver otros problemas enquistados en Oriente Próximo.
España se encuentra entre los objetivos de Estado Islámico y no solo por las referencias en sus comunicados, sino porque de una u otra forma también participa en operaciones militares relacionadas con el adiestramiento de ejércitos de países en los que también se libra la guerra contra el yihadismo, de tal forma que la amenaza de ser objeto de un atentado yihadista en alguna de sus modalidades es alta.
La respuesta de los gobiernos ante atentados como los de París suele decantarse siempre por la acción militar, aunque, como en este caso, el enemigo se encuentre dentro y las iniciativas fundamentales para acabar con el terrorismo yihadista deban estar relacionadas con los valores que los terroristas pretenden destruir.
