La presencia del mal llamado “rey emérito”, cosa que no existe (sino que simplemente tiene el tratamiento honorífico de “Rey”, a afectos protocolarios) en los funerales de la reina Isabel II de Inglaterra, ha suscitado en diversos planos, numerosos recelos, sobre todo por el escaso bien que puede hacerle a la Corona la presencia de tan controvertido personaje en un acto público y, sobre todo, el paripé de verlo al lado de quien dejó de ser de facto su esposa haca ya muchos años. Pero es que, además, el ciudadano Juan Carlos de Borbón, a quien la Justicia británica no reconoce de entrada privilegio alguno como se pretende, como si siquiera siendo un jefe de Estado, tiene abierto en Londres un procedimiento judicial no substanciado, que promueve la más famosa de sus mancebas, pese a lo bien retribuida y tratada que la tuvo siempre, incluido el alojamiento en la Angorilla, a un tiro de piedra de la Moncloa, a costa del Patrimonio del Estado, o sea, de los españoles.
Otra pregunta es quién va a pagar el viaje de Juan Carlos desde Abu Dabi a Londres, pues no se trata de un viaje de Estado, como ha dejado claro el Gobierno, sino una excursión particular a las exequias de una parienta. La Corte británica ha seguido el ritual ordinario de invitar a los allegados de la familia y a otras monarquías. Pero en nuestro caso, este hecho adquiere especial relieve y genera inevitables consideraciones. La Corona sabe que una foto de familia, de Felipe, Letizia y los padres del primero, no beneficiaría nada al monarca en ejercicio. Pero, sobre todo, está el dramático papel que la reina honorífica Sofía va a jugar o pretenden que juegue en este episodio. Colocarla al lado de Juan Carlos sería una cruel farsa sin sentido. Pero no hacerlo, también, ya que los británicos se van a limitar a aplicar el protocolo y orden de colocación de sus invitados, conforme a criterios muy bien pautados.
Por eso tiene sentido quienes han indicado que sería más prudente que Juan Carlos se quedara donde está y que, en todo caso, la familia Borbón estuviera representada por el rey de España y su señora madre. Por cierto, a ver si el periodismo de cámara español se entera de que Felipe VI no tiene el tratamiento de “soberano”, por la sencilla razón de que no lo es, ya que la Constitución española proclama que la “soberanía” reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado; ergo, el soberano es el pueblo, no el joven Capeto.
El asunto de Corinna tiene todavía mucho recorrido, pero puede suponer una condena en toda regla, ya que, por ahora, han fracasado todos los intentos de conseguir extender su inviolabilidad al Reino Unido, incluso con peregrinas argumentaciones que la Justicia británica no ha admitido. La propia Zarzuela y el Gobierno se han mantenido a distancia y no han respondido de modo oficial al requerimiento del juez sobre el que inicialmente recayó el caso, sobre el estatus que conserva en España el rey abdicado, salvo el que está aforado ante el Supremo, pero nada más.
Conviene recordar que su examante Corinna le exige una fuerte indemnización por los daños morales, profesionales y personales que acusa a Juan Carlos de haberle causado, aparte de negarse a devolverle los 65 millones de euros que en su día le regaló, previo tránsito por un paraíso fiscal, e incluso pedirla en matrimonio, que la Corinna ha relatado con detalle.
