El BNG ha anunciado su intención promover la retirada del plus vitalicio a los funcionarios de la Administración autonómica que hayan desempeñado altos cargos en la Xunta desde su creación en 1981. Lo curioso es que los nacionalistas apoyaron esta canonjía hace un par de años -aunque hubo voces discrepantes en la formación frentista- cuando fue planteada por el bipartito que presidía Pérez Touriño y del que formaban parte. La iniciativa salió adelante con el consenso de las tres fuerzas políticas representadas en el Parlamento, auspiciada por la Consellería de presidencia que dirigía Méndez Romeu y enmendada por el PPdeG. La unanimidad no pudo eludir la mala conciencia, como lo prueba que fuese articulada entre bambalinas e incluso excluida como partida detallada en los Presupuestos de la Xunta, de forma que resultase imposible la evaluación del coste.
De cualquier forma, rechinó entonces entre el común de la ciudadanía y rechina ahora. Resulta de difícil comprensión que alguien pueda ser premiado ad aeternum en razón de haber sido distinguido con un puesto de privilegio (conselleiro, director general o asumilados). Es unánime el mensaje de que a esos puestos se acude por vocación de servicio y no por ambición personal, por lo que los elegidos se reconocen afortunados en desarrollar esa vocación, que además de capacidad de decisión conlleva prebendas como coche oficial, secretarias... poder, en suma, teniendo asegurado el retorno al destino laboral cuando llegue el momento del cese. Suficiente parece, sin que se vea la necesidad de establecer compensación vitalicia que, encima, genera agravios retributivos con el resto de los funcionarios que realizan la misma función. Por el contrario, establece de facto una castasuperior dentro del funcionariado autonómico.
