Manuela Carmena y su ayuntamiento de Podemos, pero a demanda del PSOE y pese a la oposición de PP y Ciudadanos, ha acordado darle a los inmigrantes irregulares en Madrid, casi todos africanos, una “Tarjeta de Vecindad” que los integra gratuitamente en los servicios municipales.
La mayoría son manteros, guardacoches a veces intimidatorios y recogecarritos de supermercado a los que les llegará la vejez sin que hayan contribuido a sostener ningún organismo público ni la seguridad social para obtener una pensión contributiva.
Aunque presuntamente tendrán el derecho a la no contributiva ya existente para quienes no estaban inscritos en la seguridad social, igual que deberán obtener acceso a los todos los beneficios sociales sostenidos por los contribuyentes.
“Cuando llegue a la edad del retiro, ¿tendré esas ayudas?”, le preguntaba un ya veterano inmigrante, que vive de las monedas de los carritos a un abogado que le había conseguido sus “papeles”. “Claro que sí”, contestó el letrado
La gran mayoría de estos inmigrantes llegaron a España, como este, tras duros viajes muchas veces en pateras o saltando las verjas fronterizas en Ceuta o Melilla: como “héroes que lo merecen todo”, alabó Carmena a los que también saltaron las leyes españolas de inmigración.
En la primera década de este siglo, con la expansión económica, llegaron cuatro y seis millones de inmigrantes indocumentados casi sin control porque iban a sostener las jubilaciones de los españoles, como recalcaba José Luis Rodríguez Zapatero cuando defendía dar “papeles para todos”.
La realidad resultó ser muy diferente, y aunque cualquier gobierno lo niegue, las jubilaciones públicas terminarán agotándose, en parte, por el incremento de no contribuyentes.
Algo que deben reconocer PSOE y, sobre todo, Podemos, que exige abrir las fronteras y acoger a los inmigrantes que lo deseen.
