De entre los muchos vicios que afectan al poder político quizá el más execrable lo está practicando a niveles intolerables el equipo de la Moncloa con su presidente a la cabeza. Es una costumbre muy extendida a lo largo de los tiempos esa de dejar colocados a los que uno más aprecia cuando se columbra el final del ciclo, y eso le ocurrió a Zapatero en los tiempos en los que dejó más que puestas a sus queridas ministras –tanto Leire Pajín como Teresa Fernández de la Vega, Bibiana Aído o Elena Salgado acapararon dorados retiros para toda la vida- y le está pasando desde el momento en que ganó la moción de censura a este Pedro Sánchez que no sabe lo que es ruborizarse, asumir responsabilidades o aplicarse una razonable dosis de autocrítica.
El caso de Sánchez es especialmente inmoral porque ha convertido el Gobierno en una agencia de colocación, sin ponderar lo que de vejatorio tiene este proceder no solo para la salud del sistema democrático sino para la fama y el honor de su propio partido. El caso de la antigua ministra de Justicia, la hoy de baja por enfermedad, Dolores Delgado es muy explícito, porque su paso a la cúpula de la Fiscalía además de inconveniente es radicalmente contrario al protocolo que define y determina el comportamiento de aquellos que desempeñan el Ministerio Público. Y más: Sánchez nombró a dedo a la presidenta del ente público Radio Televisión Española y la mantuvo en el cargo –de espectro ampliado además con el máximo de atribuciones posibles- durante tres años sin respetar los tiempos y las necesidades de pluralidad con la reglamentaria convocatoria de concurso público para decidir su nombramiento. Sánchez ha jugado con su posición de privilegio para controlar las instituciones hasta límites que entrañan un gran peligro, como el caso del CNI en el que manejó su dedo para salvar la cabeza de la ministra Robles, cesar a la directora del centro, y poner en su lugar a una directora afín.
Su última hazaña ha sido colocar a su ex jefa del Gabinete de Comunicación al mando de la sociedad que controla el Hipódromo de la Zarzuela valiéndose de la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI), la misma con la que ha llevado a cabo maniobras de lo más oscuro como la que le ha permitido entrar en el accionariado del grupo Prisa. Maritcha Ruiz Mateos fue cesada hace un mes tras la marcha de Adriana Lastra pero ahora mandará en los caballitos a razón de 143.000 euros al año. Esta izquierda no es izquierda. Es una agencia de empleo.
