El sentido de la Justicia que ha mostrado el presidente Sánchez durante sus años de mandato no deja de transmitir las peculiaridades de una interpretación muy personal. De hecho, la mayor parte de sus invasivas irrupciones en el ámbito jurídico se han producido para incidir en su propio lucro, y no hay que referirse específicamente al incalificable trasplante de su ministra de Justicia hasta la cabeza de la Fiscalía o al compendio de manejos aplicados desde la sala de operaciones del ministerio del Interior a la política penitenciaria o al tratamiento de situaciones conflictivas sobre extradiciones donde el juez Grande Marlaska se desprestigia a sí mismo a cada paso de su gestión, sino a los dos asuntos de mayor calado asumidos por el presidente que determinarán sin duda y serán materia de juicio histórico sobre su periodo de mando. Sánchez ha usado la prerrogativa de indulto que le otorga la Constitución para poner en la calle a una banda de independentistas catalanes en rebeldía golpista porque le valían para mantenerse en la Moncloa, y está dispuesto a hacer lo mismo con unos inmorales compañeros de partido que convirtieron Andalucía en su huerto personal y saquearon las arcas públicas por valor de unos seiscientos millones de euros que ni han devuelto ni devolverán. En ambos casos se utilizará la facultad presidencial de indultar y en ambos casos, delincuentes juzgados y condenados saldrán a la calle bien por afinidad bien porque hacen falta..
Dolores Delgado ha abandonado su puesto en la cumbre de la Fiscalía como consecuencia de un problema de salud relacionado con su espina dorsal pero su paso por el Ministerio Público ha dejado huella precedido además de antecedentes de dudosísima calidad que enchufaban algunos aspectos de su actividad anterior con personajes tan deshonrosos como el ex comisario Villarejo y sus almuerzos conspiradores. Pero seguramente esas son menudencias comparadas con estas dos prácticas de indulto –una a cometida y la otra por cometer- que producen vergüenza en ambos casos y proclaman lo poco que le preocupa al presidente del Gobierno que los españoles perdamos la confianza en la Justicia tras comprobar para qué sirven sus sentencias cuando afectan a personajes que tienen contenido político y buenas agarraderas. La gravedad de estas acciones es tanta como la de valerse para seguir gobernando de la colaboración de ex etarras.
