Entre la bufonada impresentable del baile en la calle ataviada con un sombrero rojo y negándose tercamente a asumir al completo sus responsabilidades, y la mujer quebrada que renuncia a sus cargos políticos y a su escaño en las Cortes valencianas, hay una considerable distancia y una diferencia abismal que nadie nunca se avendrá a explicar en toda su magnitud aunque existe constancia de la sucesión de unos hechos que conceden ciertas explicaciones al cambio drástico.
En ese periodo de tiempo que trascurre entre la verbena al aire libre cuajada de gestos de desafío e irritable desenfado, y la reunión de la Ejecutiva del partido en la que se ventilaría su futuro y a la que Oltra no tenía previsto acudir pero a la que acabó acudiendo para renunciar a sus cargos, existe al parecer –y ahora lo sabemos- la intervención policial que lo cambió todo. La Policía Judicial se personó, atendiendo al mandato del juzgado número 15 de Valencia, en una de las sedes de la consejería de Igualdad para llevar a cabo un registro cuyo objetivo era incautar todos los expedientes relacionados con el caso de la menor residente en este centro de acogida de titularidad privada pero concertado por la Generalitat, que la relacionaba con el ex marido de la todavía vicepresidenta, condenado a una sentencia de cinco años de cárcel que cumple en la actualidad. Durante ocho horas, los investigadores estuvieron el pasado lunes recabando información en las dependencias del Gobierno valenciano, porque el magistrado Vicente Ríos había resuelto abrir en abril una pieza separada y secreta que dio como resultado el mencionado registro. El resultado de la diligencia se elevó al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y este alto tribunal lo ha devuelto de nuevo a las manos del magistrado tras la dimisión de Oltra. Con la renuncia a todos sus cargos, la vicepresidenta pierde su condición de aforada y en esta nueva condición acudirá a la llamada del juez para prestar declaración.
El expediente elaborado hace cinco años por la consejería de Oltra es el eje de toda la investigación. En su contenido encuentra el instructor indicios para sospechar que se redactó por mandato de Oltra con el objetivo de exculpar a su ex marido y tratar de tapar sus comportamientos reiterados de acoso a una niña de catorce años.
