En la década de los setenta, persistía en nuestra provincia la diáspora migratoria hacia países latinoamericanos (Méjico, Argentina, Venezuela y Cuba) y europeos (Suiza, Francia y Alemania) que había comenzado a finales del siglo XIX. Es difícil encontrar una familia ourensana que, en el siglo pasado, no tuviera o hubiese tenido algún pariente emigrado allí. En cambio, era muy poco frecuente el fenómeno contrario; esto es, recibir emigrantes aquí.
Cincuenta años después, la situación ha cambiado radicalmente y, con ella, también el sistema que regula el acceso y permanencia de personas extranjeras en el país; sobre todo, tras la creación del “Espacio Schengen”, que comparten la mayoría de los países de la Unión Europea y que obliga -en virtud del derecho de libre circulación que adquiere quien entre en él- a articular un régimen común de acceso a todo el territorio que lo integra.
Dicho estrictísimo régimen, que convierte a la Unión Europea en una auténtica fortaleza -con dramáticas escenas de personas que pierden la vida intentando acceder, en especial, por mar- tiene particular incidencia en el mercado laboral nacional, dada la imposibilidad -al menos, hasta hace poco- de que las empresas españolas puedan, en general, contratar personal trabajador que no resida legalmente en España.
En este marco, sorprendió gratamente la noticia -que pasó a ser realidad el verano pasado- sobre la dulcificación del sistema, tendente a permitir la contratación en su país de origen de personal trabajador, facilitando los trámites. Aunque se mantenía su limitación a la serie de trabajos incluidos en el llamado “catálogo de ocupaciones de difícil cobertura”, se anunciaba una ampliación del brevísimo listado habitual.
Obviamente, había que vencer las usuales reticencias del Ministerio del Interior, en cuyas espaldas reposa la tarea de gestionar el control en fronteras, por la posibilidad de generar un indeseado efecto llamada. Finalmente, la reforma vio la luz en el BOE del 27 de julio pasado, bajo el ala del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, aunque impulsada por el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Quedaba tan solo actualizar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, lo que procede hacer cada trimestre, pero que, desde julio, se había mantenido inalterado (incluso sin publicar el correspondiente al último cuatrimestre de 2022). Finalmente, apareció en el BOE del pasado 1 de marzo, con mayúscula sorpresa, al constatar que la ampliación prometida no se ha acometido, dejándolo como estaba y peligrando así toda la reforma.
Desde el Ministerio de Trabajo, que interviene en la elaboración del catálogo -en connivencia con otras fuerzas-, se sostiene que la mejor solución no es permitir que, por ejemplo, una pequeña empresaria dueña de un bar pueda contratar a una camarera extranjera en su país de origen, al no encontrar en España quien quiera asumir ese trabajo: las empresas deberían mejorar las condiciones que ofrecen a los residentes.
A medio camino entre el infantilismo y la xenofobia, cabe preguntarse entonces para qué sirve aumentar el salario mínimo, o mantener la inspección de trabajo, o los juzgados de lo social. De no retomar la idea original, se conseguirá que no solo sea imposible contratar mano de obra extranjera legal, sino que las Pymes españolas acaben echando el cierre por falta de personal. Las grandes empresas ya optan por irse fuera, según se ve.
