La expresión latina “pro bono publico” (que aparece normalmente reducida a las dos primeras palabras) quiere decir “por el bien público” y suele utilizarse en diversos entornos para calificar el trabajo que se lleva a cabo de forma voluntaria y sin una retribución significativa; esto es, una especia de voluntariado cualificado. En el mundo jurídico, es un término muy conocido sobre todo en países americanos, en especial, en los Estados Unidos.
En el bajo latín hablado en la Edad Media, de la palabra “bono” surgió el verbo abonare, con el sentido de “mejorar las condiciones de vida de los vasallos, limitando el poder de los señores feudales”. De hecho, el nombre “abono”, como fertilizante, procede de ahí. Después, cuando los gobiernos comienzan a financiar el déficit público creando deuda, los títulos por los que se paga una tasa de interés pudiendo ser rescatados tras cierto plazo se llaman bonos.
Un bono, por tanto, según el diccionario de la RAE, significa bien “tarjeta o medalla que puede canjearse por comestibles u otros artículos de primera necesidad, y a veces por dinero”; bien “tarjeta de abono que da derecho a la utilización de un servicio durante cierto tiempo o un determinado número de veces”, o finalmente, “título de renta fija emitido por una empresa privada o por una institución pública”.
Como fuere, en Ourense, el bono está de moda gracias -según indicaba este periódico- a una loable iniciativa de la concejala del Partido Popular Ana Morenza, después apoyada por el pleno en su conjunto. Comerciantes felices como si fuera época navideña; ciudadanía feliz por poder disponer de cien euros para un capricho. Idea, en suma, que parece un win-win en toda regla, por lo que cabe cuestionarse por qué no se hizo antes algo así.
Sin entrar en la falta de elegancia al elegir el momento para lanzar este bono por la alcaldía, justo a las puertas del período de sombra impuesto legalmente para abstenerse de presentar o ejecutar medidas con fuerte perfil electoralista, como es el caso -extendiendo además su uso hasta la jornada de votación-, conviene precisar algunos aspectos que quizás la vorágine de colas en los comercios haya podido opacar.
En primer lugar, conviene advertir que, pese a poder parecer lo contrario, este bono, como todos, no es ningún regalo. En este caso, en lugar de generar una deuda canjeable a corto o medio plazo, es al revés: la ciudadanía ya ha pagado previamente con sus impuestos el bono cuyo importe alcanza esos cien euros, que ahora deciden devolvernos -y hay que declarar en el IRPF-. Al revés, pero parecido a la deuda pública.
En segundo lugar, unido a lo anterior, cabe preguntarse entonces, por un lado, si este tipo de iniciativa -dado su elevado coste para las arcas municipales- es el mejor para conseguir aupar nuestro lastimado comercio local (al menos, en vistas a poder reiterarla) o si existen otras más sostenibles y eficientes en el largo plazo; previsiones que, por otro lado, requieren gran planificación, en el marco de un programa de gobierno serio, coherente y responsable.
Por el bien público, en un contexto de recursos finitos como el que caracteriza al entorno local, toda política de subvención y ayuda -siendo ésta que se acaba de comentar un ejemplo entre muchos- debe administrarse “cum grano salis”; con alto grado de reflexión y mesura, o sea. Mantener otro tipo de actitud a este respecto no deja de ser, como dice el refrán popular, “pan para hoy y hambre para mañana”.
